El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, expresó: "Si bien respetamos el derecho a acudir a la justicia cuando un ciudadano considera que ha sido difamado o calumniado, condenamos y resulta muy sospechosa la forma en que la periodista Cacho fue detenida, la extraña agilidad de la autorización de su traslado hacia otro estado, las vejaciones a las que fue sometida y la privación de sus derechos. Es improcedente y pone en duda la imparcialidad del tribunal".

El 16 de diciembre, Cacho, directora del Centro Integral de Atención a la Mujer y columnista del periódico La Voz del Caribe, llegaba a su oficina en Cancún, Quintana Roo. Allí cuatro agentes de la Policía Judicial de Puebla, donde fue radicada la demanda, la detuvieron por desacato al no presentarse ante un tribunal para responder por la acusación, citatorios que, de acuerdo con la periodista, nunca recibió.

Durante el trayecto por carretera de cerca de 20 horas a Puebla, no se le permitió comunicación, tampoco obtener sus medicinas para tratar una bronquitis y neumonía que la aquejaba; recibió trato hostil y tortura sicológica, situación que -según relató Cacho- fue menos agresiva luego que los policías recibieron una llamada de sus superiores.

Según indagaciones de la SIP en México, el empresario Kamel Nacif Borge demandó en octubre pasado a Cacho por difamación y calumnia al sentirse perjudicado en el libro de la periodista Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía.