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Azuela reclama a Fox por cerrar juicio contra AMLO Aconseja aprobar reformas a la Ley de Amparo que están en el Congreso
Carlos Avilés Al rendir su informe anual de labores, Azuela advirtió, por primera vez desde que se cerró el juicio contra el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, que la forma en que se actuó en el caso de López Obrador, a quien no mencionó por su nombre, generó el riesgo de que en el futuro los desacatos a sentencias del Poder Judicial queden impunes. Desde el 4 de mayo pasado la PGR tomó la decisión de no consignar ante un juez el presunto desacato en que incurrió López Obrador en el caso del predio conocido como El Encino, tras la renuncia del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y de un grupo de sus principales colaboradores que encabezaron el juicio de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno capitalino. Con la llegada del ex consejero jurídico del presidente Fox, Daniel Cabeza de Vaca, como procurador general de la República, la PGR cambió de opinión y concluyó que López Obrador sí incurrió en el delito de desacato, pero que no ejercían acción penal en su contra porque estimó que no existe una sanción clara en la ley para el delito que se le atribuyó. Pero al referirse a este tema en el mensaje que emitió con motivo de la presentación de su informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: "No se desconoce que las conductas adoptadas siempre respetables para el Poder Judicial, pudieron sustentarse en el válido principio político de evitar males mayores y que ello pareció derivarse de opiniones de prestigiados juristas sobre las deficiencias técnicas de los preceptos aplicables, aunque contrarias a jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal". Esto último porque desde diciembre de 1997 la Primera Sala del alto tribunal emitió un criterio mediante el cual estableció que para los desacatos, como el que se le atribuyó a López Obrador, sí existe una pena clara y que ésta es la que se estableció para castigar el delito de abuso de autoridad, el cual contempla una sanción de uno a ocho años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del funcionario que incurra en esta conducta. Informe de labores El mensaje de Azuela también fue escuchado por el procurador Cabeza de Vaca; los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados, Enrique Jackson y Heliodoro Díaz; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas; así como los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Vega García, y Marina, Marco Antonio Peyrot, entre otros de los múltiples funcionarios que fueron invitados al informe que también se transmitió, por primera vez, por televisión e internet. Ante todos los integrantes de la cúpula del Poder Judicial, Mariano Azuela también dijo: "El resultado que se produjo debe verse con inquietud en el futuro pues se corren los riesgos, en el peor de los casos, de que se multipliquen las violaciones a la suspensión y, lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias, todo ello de manera impune". ".o en el mejor de los casos que el acatamiento a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación quede sólo a la buena fe y expedita conducta de las autoridades responsables que quieran dar testimonio de civilidad". Azuela precisó que no le pasó inadvertido este caso, pero, aseguró, "con pleno respeto a las actuaciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo, el Judicial, como simple observador, siguió los pasos que se dieron". Para evitar "los peligros apuntados", Azuela consideró prioritario que se aprueben las reformas que propuso el presidente Fox desde el 24 de mayo pasado. Impulsa reforma Las iniciativas que envió el presidente Vicente Fox al Congreso plantean reformas a la Constitución y a la Ley de Amparo para proteger los derechos políticos de quien esté sujeto a un proceso penal, por un delito que merezca pena corporal y que pueda obtener la libertad provisional. Además de que propone una pena de tres a ocho años de prisión, multa y la inhabilitación para ocupar cargos de tres a 10 años, al juez o autoridad que no acate las suspensiones dictadas por los jueces en los juicios de amparo.
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