Mario Solórzano, director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), informó que la CIDH aprobó el caso de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

La CIDH manifestó que "han pasado más de 31 años desde la fecha de desaparición, 13 años desde la primera denuncia y más de 3 años desde la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado sin que se verifiquen resultados concretos tendientes a localizar al presunto desaparecido ni investigar o sancionar a los responsables".

La CIDH también admitió este caso por violaciones a la Convención Interamericana de Desaparición Forzada cometidas por la fiscalía especial al consignar los expedientes por el delito de privación ilegal de la libertad y no por desaparición forzada.

Sergio Méndez Silva, abogado de la CMDPDH, explicó que es inválido el argumento de la fiscalía para consignar los casos por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la desaparición forzada de personas es continuada y no es aplicable el principio de la no retroactividad.

Agregó que otro asunto que resolverá la CIDH es lo relacionado con la competencia de los tribunales civiles para que sean ellos los que juzguen a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan violaciones a los derechos humanos.

Esto, debido a que la fiscalía especial responsabilizó al general Francisco Quirós Hermosillo por la desaparición forzada de Rosendo Radilla pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito del estado de Guerrero determinó que instruir el proceso penal en su contra es competencia del juez primero Militar adscrito a la Primera Región Militar con sede en el Distrito Federal.

Quirós Hermosillo fungía en ese entonces como mando de la llamada Brigada Blanca.

Méndez Silva informó que este es el primer caso sobre desaparición forzada de la "guerra sucia" en Atoyac de Álvarez, Guerrero, que se presenta ante la CIDH pero se están documentando 30 casos más, entre ellos el de Macario Acosta Serafín, Justino Barrientos Flores, Fermín Barrientos Flores, Pedro de Jesús Onofre y Marcelino Flores Acosta, todos correspondientes a ese estado.

Mario Solórzano comentó que para el mes de marzo próximo el gobierno federal deberá emitir un informe sobre este caso en particular para que la CIDH dé a conocer su resolución.