Estima que en el país diariamente las empresas pagan 507 sobornos, en lo que parece una práctica cultural, ya que 15 por ciento de la población entre 10 y 15 años ha realizado un pago de este tipo; aunque en general los mexicanos comienzan a pagar mordidas a los 12 años para sobornar a profesores.

Incluso hay una probabilidad de 87 por ciento de que un mexicano a la hora de morir haya pagado cuando menos un soborno, según el reporte de esta compañía especializada en el análisis de riesgo de fraudes, así como en diseño e implementación de programas de integridad institucional.

El índice del Banco Mundial se establece que los actos de corrupción le cuestan a México sólo 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Y aunque esta cifra sobre el costo de la corrupción respecto al PIB varía del estudio del CEI, lo cierto es que México a nivel internacional está reprobado en la materia.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción del organismo Transparencia Internacional, en 2004 México ocupaba el lugar 64 entre 146 países del orbe, con una calificación de 3.6, la misma que obtuvo en el bienio 2002-2003.

Los costos de la corrupción

El resultado del estudio del CEI, a partir de una encuesta realizada a mil 376 empresas de los sectores de la manufactura, comercio, servicio y construcción, fue presentado ayer por el Consejo de la Comunicación, que actualmente difunde en los medios de comunicación la campaña "No te calles, alza la voz".

El diagnóstico, de acuerdo con Arturo del Castillo, presidente de CEI Consulting & Research tuvo como objetivo medir el impacto económico y administrativo de la corrupción en las pequeñas y medianas empresas, que el año pasado generaron 315 mil empleos y 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Destaca en el informe que 43 por ciento de estas empresas realiza de manera regular pagos extraoficiales a servidores públicos, y en 57 por ciento de los casos estas erogaciones ilegales son a funcionarios de gobiernos municipales; en 36 por ciento a servidores estatales y en 18 por ciento a federales.

Así, 10 por ciento de los ingresos anuales totales de estas compañías está destinado a pagos ilegales, por trámites y servicios, lo que se traduce en pérdidas de 29 mil 700 millones de dólares, es decir 4.5 por ciento del PIB; situación que propicia que estas empresas incrementen sus costos de operación.

Sin embargo, también la encuesta revela que sólo 10 por ciento de las pequeñas y medianas empresas tiene un código de ética u otras normas que prohíba a sus empleados el pago de sobornos, como una medida de prevención para inhibir estas prácticas.

El impacto económico para el país es mayor, de acuerdo con el estudio, al considerar que 40 empresas transnacionales coincidieron en que "35 por ciento de la inversión extranjera que decidió no entrar al país en los últimos cinco años lo hizo por una percepción de alta corrupción y opacidad para generar negocios".

En cuanto a los fraudes, 63 por ciento de las pequeñas y medianas empresas han sido víctimas al menos de un ilícito de este tipo, lo que representa pérdidas de 13 mil 200 millones de dólares, es decir 2 por ciento de PIB nacional.

Lo preocupante, según el diagnóstico, es que sólo en 18 por ciento de los casos, éstos se descubrieron por mecanismos de control internos con los que cuentan las empresas, y 37 por ciento se detectaron de forma accidental.

Incluso se revela que 23 por ciento de las pequeñas y medianas empresas desaparecen por problemas relacionados con fraudes cometidos por sus propios empleados, y sólo 10 por ciento de las compañías afectadas recupera la totalidad de los recursos defraudados.

Ante estos resultados, el presidente de CEI Consulting & Research, Arturo del Castillo, aseguró que es importante que estas empresas "generen sistemas de prevención de riesgo y control interno, que permitan la inmediata detección de una actividad ilícita".