En el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Sergio Valls Hernández, quien tiene a su cargo la instrucción de este juicio, se argumenta que fue correcta la decisión que emitió la juez de primera instancia que desechó el juicio hace un año, por considerar que a través de un amparo no se pueden impugnar leyes electorales como pretende hacerlo Castañeda al pedir que se invaliden diversos artículos de Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe).

Con base en esa propuesta el pleno de la SCJN ni siquiera entraría a estudiar el fondo de la demanda de Castañeda, pues si concluye que el juicio de amparo no procede contra leyes electorales, no tendría caso entrar a revisar si un candidato sin partido puede o no contender por la Presidencia.

Sergio Valls concluye que la Constitución establece que la única forma de impugnar una ley electoral es a través de un juicio de acción de inconstitucionalidad, el cual sólo puede ser promovido por las minorías legislativas de los Congresos, los partidos políticos o el procurador de la República.

Según diversas fuentes de la SCJN, se estima que es difícil que se logre superar el criterio propuesto por el ministro Valls.

El documento elaborado por Sergio Valls se le distribuyó a sus compañeros ministros del pleno del alto tribunal a partir de esta semana, sin embargo el caso todavía no ha sido listado ni programado para su discusión.

Debido a que este juicio es considerado como prioritario en el máximo tribunal, se espera que antes de que termine el mes sea discutido y resuelto en las sesiones públicas que lleva a cabo el pleno de la Suprema Corte.

Difícil camino

El 29 de marzo de 2004, Jorge Castañeda promovió un amparo en contra de las reformas al Cofipe que ratificaron que sólo los partidos políticos pueden registrar candidatos a la Presidencia.

A través de la asociación civil Ideas del Cambio, Jorge Castañeda le solicitó al Instituto Federal Electoral que le otorgara el registro como candidato, pero el IFE le negó dicho registro porque lo promovió antes de tiempo y porque no contaba con el respaldo de ningún partido político.

Para combatir esta decisión, Castañeda alegó que el IFE y el Cofipe violan sus derechos humanos y políticos protegidos por la Constitución y por diversos tratados internacionales firmados por México.

Para sustentar su demanda de amparo, la defensa del ex canciller también argumentó que este tipo de medidas son inconstitucionales porque reducen la libertad para dedicarse a la actividad político-electoral, al impedir que cualquier cuidadano pueda solicitar y obtener el registro de la candidatura al cargo de la elección popular de presidente de la República.

De acuerdo con los argumentos de Castañeda, el Cofipe viola la Constitución porque "inhibe y frustra el pleno ejercicio de la libertad para asociarse o no a que tiene derecho".

Además de que permite que exista un trato desigual e inequitativo para los ciudadanos que no pertenecen a un partido político frente a los registrados por dichas instituciones políticas.

En respuesta a su demanda, el 17 de junio de ese mismo año la juez séptimo de Distrito en Materia Administrativa desechó su solicitud bajo el argumento de que tanto la Constitución como la Ley de Amparo prohíben que se impugnen leyes electorales por medio de esta vía.

Con base en dicha argumentación la juez decidió sobreseer la demanda de amparo de Castañeda por improcedente, lo que significa que la desechó sin entrar al estudio de la petición que le hizo el ex canciller, por estimar que el juicio de amparo no procede contra leyes electorales.

Un año después el ministro Valls llegó a la conclusión de que la decisión de la juez es correcta y, por lo mismo, le propuso a sus compañeros de la Corte confirmarla y desechar de manera definitiva el juicio de amparo de Castañeda.