aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Votar y ser votado, un derecho constitucional


Jueves 04 de agosto de 2005 Fabián Aguinaco* | El Universal

Dentro del sólido marco constitucional, las candidaturas independientes encuentran amplia cabida y consecuente protección.

Así, la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857, promulgada el 12 del mismo mes y año, disponía en su artículo 35 que "son prerrogativas del ciudadano: II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca".

El mismo 12 de febrero de 1857 apareció publicado el decreto del Congreso Extraordinario Constituyente de fecha 3 de febrero de 1857, referente a la Ley Orgánica Electoral, que no excluyó a los ciudadanos del privilegio a ser votado en las elecciones cuando figurasen como candidatos independientes de los partidos políticos.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1917, promulgada el 5 de febrero del mismo año, en su artículo 35, fracción II, reproduce textualmente el primitivo texto de la Constitución de 1857.

La citada Ley Electoral reguló la convivencia armónica de los partidos políticos con los candidatos independientes, en sus numerales 8°, 13, 24 primer párrafo in fine , 26, segundo párrafo, 33, 60 y 61, donde expresamente reconoce y autoriza la intervención de los candidatos independientes para postularse en las elecciones de presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión.

Posteriormente, el martes 2 de julio de 1918 apareció publicado en el Diario Oficial el decreto del C. Venustiano Carranza, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, promulgatorio de la Ley para Elecciones de Poderes Federales del 1 del mismo mes y año, que en sus artículos 33, 34, 41, 42, 44, 55, 58 fracción III, 67 primer y segundo párrafos, 68, 106 fracción VII, 107, 108 y 122, reconocen y robustecen la figura de los candidatos independientes a todo partido, para postularse en las elecciones federales, destinándoles un lugar específico en los modelos de boletas para votación, que detalla el artículo 3° transitorio de la propia ley.

El referido numeral 107 disponía: "Los candidatos no dependientes de partidos políticos tendrán los mismos derechos conferidos a los candidatos de éstos?" Bajo el anterior orden de ideas, lógica y jurídicamente se impone la conclusión de que la verdadera y auténtica interpretación de los preceptos constitucionales la tenemos en aquellas disposiciones normativas promulgadas tanto el 12 de febrero de 1857, como el 6 de febrero de 1917 y la posterior del 2 de julio de 1918. El paradigma constitucional nació otorgando su protección a las candidaturas independientes. Ahora bien, del contenido del vigente artículo 35 constitucional se desprende: a) que reconoce el derecho humano de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, por sí o por medio de representantes; b) que tal derecho comprende el acceso a los cargos y funciones públicas; c) que la regulación de ese derecho corresponde a una ley específica que se ocupe de la forma y modalidades de su ejercicio; d) que la materia de la participación ciudadana se centra en los asuntos públicos.

Por consiguiente, cuando un precepto constitucional menciona "el poder ser votado para todos los cargos de elección popular" (artículo 35 fracción II), la ley secundaria que el legislador ordinario expida no podrá limitar, mutilar o desvanecer y mucho menos escamotear al ciudadano, su completo y auténtico ejercicio, mediante el artilugio de exigirle la forzosa asociación a un partido político, que además de quebrantar la garantía de libre asociación, cercena su irrestricta garantía de postularse como candidato independiente para un cargo de elección popular, pues una ley secundaria, como es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 175 y 178), erige a los partidos políticos en detentadores monopólicos del derecho de postular el registro de candidatos, cuando ese derecho emana directamente en la persona humana, concurrente con la calidad constitucional de ciudadano, para postularse como candidato a un puesto de elección popular.

Fabián Aguinaco es presidente de la Barra Mexicana de Abogados



PUBLICIDAD