La propuesta plantea además que el tribunal unitario, instancia que normalmente atiende las apelaciones que se plantean en juicios de tipo penal federales y que está integrado sólo por un magistrado, también resuelva si el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y otros 10 ex funcionarios pueden ser considerados o no como probables responsables de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.

La ministra asegura en su proyecto que antes de decidir si ya prescribió el delito de genocidio, lo primero que tendría que hacer el tribunal unitario sería definir qué tipo de delito se cometió ese día y establecer si Echeverría y los demás funcionarios acusados pueden ser considerados como presuntos responsables de esos hechos.

Dicha propuesta modifica la postura que adoptó el juez federal César Flores, quien declaró prescrito el delito de genocidio por el cual se acusa a Echeverría, sin comprobar antes si las acusaciones en su contra permiten establecer que el delito que se le atribuye es realmente un genocidio.

El proyecto de sentencia de la ministra Sánchez Cordero será analizado y sometido a votación este miércoles durante la sesión pública de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De antemano se espera que el proyecto de la ministra genere "una fuerte discusión", dado que entre los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN hay quienes consideran que este asunto debe ser resuelto en definitiva por el máximo tribunal del país.

La ministra Sánchez Cordero no comparte esta opinión, de acuerdo con su proyecto de sentencia, porque asegura que la SCJN atrajo este caso únicamente por la trascendencia que tenía analizar el convenio internacional que firmó México y que establece que el delito de genocidio no prescribe.

Este punto ya lo analizó y lo resolvió la primera sala de la Corte desde el 23 de febrero, cuando, en una votación dividida, determinó que los probables delitos de genocidio que se hayan cometido en México antes del 2002 sí prescriben, al establecer que la convención internacional antes aludida no puede aplicarse de manera retroactiva sino a partir de la fecha en que se ratificó y entró en vigor, es decir a partir del 2002.

De ahí que la ministra Sánchez Cordero estime que una vez que se resolvió este punto, no tiene sentido que los demás aspectos del juicio sean revisados por la Corte, pues ya no permitirán formar criterios trascendentes para el país.

Además de que a partir de este momento, cualquier decisión que emitiera la Corte en este juicio dejaría sin posibilidad de defensa a las partes en conflicto, porque las resoluciones del máximo tribunal del país son inapelables.

Los puntos que restan por definir y que la ministra Sánchez Cordero propone que sean revisados por un tribunal unitario se enfocan en decidir si conforme a las reglas previstas en el Código Penal Federal existen elementos que permitan determinar si la prescripción del delito de genocidio por el que se acusa al ex presidente Luis Echeverría se interrumpió en los años previos a las investigaciones que realizó la fiscalía encargada de indagar los crímenes políticos del pasado.

Si la propuesta de la ministra no prospera los puntos en conflicto serían revisados por la Corte.