Desde hace un par de semanas, el ministro Juan Silva Meza distribuyó entre sus compañeros el proyecto de sentencia a través del cual propuso revocar la sentencia del juez por estimar que, jurídicamente, existen elementos que permiten sostener que en el caso del halconazo no ha prescrito el delito de genocidio, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL.

El proyecto que elaboró Silva Meza será analizado y discutido este miércoles por sus compañeros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para decidir si lo aprueban, lo modifican o lo rechazan.

Se espera que el análisis de este caso genere, entre los ministros de la sala penal, uno de los debates públicos "más relevantes" que se han vivido en la Corte.

En la sentencia que emitió el juez, la cual fue considerada como un documento público por la SCJN en respuesta a una petición de acceso a la información que le hizo EL UNIVERSAL, se indica que negó las órdenes de aprehensión que le solicitó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), porque el delito de genocidio por el que se les acusa prescribió el 10 de junio de 2001. Es decir un año antes de que la fiscalía comenzara las investigaciones del caso.

La resolución que emitió el juez el 24 de julio de 2004 será revisada este miércoles por los ministros de la primera sala de la Corte, la cual, en un hecho excepcional, asumirá las funciones de un tribunal de apelación para verificar si fue correcta o no la decisión del juez César Flores.

Originalmente la revisión de la sentencia había sido turnada a un tribunal unitario, es decir, de apelación, que es una instancia de menor jerarquía que la Corte, pero por la relevancia del caso el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, le solicitó a la SCJN que atrajera la revisión del juicio. En respuesta a esta petición, de manera unánime, los ministros de la primera sala de la Corte, que es la que atiende los asuntos de tipo penal, decidió atraer el juicio por la relevancia que tiene para el país.

Sin embargo, la Corte no se pronunciará sobre la responsabilidad o no de las personas a las que la fiscalía acusa, ni decidirá si gira o no órdenes de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría, y demás ex funcionarios acusados.

Los cinco ministros se dedicarán básicamente a analizar el proyecto de sentencia que elaboró el ministro Juan Silva Meza, el cual busca definir los alcances que tienen los convenios internacionales que ha firmado México para castigar el delito de genocidio. Una vez que la Corte defina cuál es el criterio que se debe aplicar, los ministros regresarán el juicio al tribunal unitario para que éste decida si gira o no las órdenes de aprehensión que solicitó la fiscalía.