La Corte atrajo este caso, desde el 13 de octubre de 2004, a petición del procurador General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, luego de que un juez federal se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de la matanza de estudiantes que se registró en la ciudad de México el 10 de junio de 1971.

En julio de 2004 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado responsabilizó de estos hechos al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, al ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, a los ex jefes policiacos Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro, entre otros funcionarios de ese entonces.

Sin embargo, el juez que atendió el caso se negó a girar órdenes de aprehensión en su contra porque concluyó que el delito de genocidio por el que se les acusa ya prescribió.

Por la relevancia de la decisión que se va a adoptar en este asunto, a solicitud de la fiscalía encargada del caso el procurador Macedo de la Concha le solicitó a la Corte atraer la revisión de la decisión del juez.

Normalmente este tipo de revisiones le corresponde realizarlas a un tribunal unitario, por ser la instancia de apelación establecida para atender este tipo de juicios.

Sin embargo, ante la solicitud del procurador, los ministros de la primera sala de la Corte decidieron atraer el caso por considerar que es un asunto de relevancia nacional.

El ministro Juan Silva Meza, quien ahora elaboró el proyecto de resolución de este caso, aseguró que este caso implica el estudio e interpretación de las disposiciones constitucionales e instrumentos legales internacionales, sobre el caso de genocidio.