La Procuraduría General de la República (PGR) entregó, por orden del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), copias del pliego de consignación sobre la matanza del 10 de junio de 1971 a la organización Libertad de Información México AC (LIMAC), la cual ganó el litigio basado en la Ley Federal de Acceso a la Información. Perla Gómez Gallardo, integrante de LIMAC, explicó que la solicitud de información se hizo basada en el artículo 14 de la Ley del IFAI, la cual señala que la información "no puede ser clasificada como reservada, cuando se trate de alguna investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, o delitos de lesa humanidad".
La comisión del delito de "genocidio" fue el criterio principal con el que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó en julio de 2004, ante el juez César Flores, el expediente del llamado "halconazo".
Sin embargo, la PGR sólo proporcionó 691 hojas de un expediente integrado por poco más de 9 mil. El material entregado a LIMAC está alterado; con 157 hojas tachadas, 413 hojas parcialmente borradas y sólo 121 sin tachaduras ni alteraciones.
En la conferencia de prensa estuvo también la periodista Kate Doyle, especializada en búsqueda de información clasificada, quien destacó que el artículo 14 de la Ley del IFAI "es un gran avance muy importante, respecto de la información que puede ser o no reservada, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos".
Dijo que en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos "no existe un artículo o consideración jurídica como la del IFAI, que prevé liberar información de esta naturaleza, en casos como el junio de 1971".
Jacinto Munguía dijo que la petición de información sirvió, entre otras cosas, para probar la eficacia del IFAI, y los aciertos y limitaciones de la Ley de Acceso a la Información, además de constatar la apertura o cerrazón de las instituciones a las que se les pide abrir sus archivos.
Perla Gómez indicó que la batalla legal de LIMAC, por lograr que la Procuraduría entregue la información completa, es decir las 8 mil 690 fojas útiles que faltan, seguirá porque se trata de un tema histórico y de interés público.
No obstante, la abogada reconoció que ahora el IFAI y LIMAC enfrentan una enorme paradoja: el compromiso de hacer pública la averiguación previa y la consignación, que a su vez contienen datos personales que por ley no deben ser difundidos.
