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Permisos a IP violan ley de generación eléctrica

La Auditoría Superior de la Federación exige que se finquen responsabilidades por los ilícitos
Martes 13 de abril de 2004 Nayeli Cortés | El Universal

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a empresas privadas para generar electricidad.

Por ello, presentó ocho solicitudes ante el Órgano Interno de Control de la CRE para que promueva el fincamiento de responsabilidades "por las diversas contravenciones de la norma".

Con base en un estudio elaborado a petición expresa por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ASF también concluye que dichos permisos contravienen lo dispuesto en el artículo 27 constitucional.

Las observaciones fueron resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002 y dan respuesta a la denuncia presentada por el senador priísta Manuel Bartlett y el ex diputado Salvador Rocha, quienes solicitaron a la entidad hacer una investigación en dos vertientes: 1. Comprobar si la adjudicación de dichos permisos cumplió con la normatividad vigente.

2. Comprobar si los permisos otorgados no violan el artículo 27 constitucional.



Constitucionalidad de los permisos

La ASF concluye que la CRE no ha vigilado ni supervisado adecuadamente a los particulares que invierten en el sector eléctrico y ello ha repercutido en infracciones a la Constitución.

De 89 permisos analizados por la Auditoría tomados de un universo de 240 otorgados de 1994 a 2002, 77 "no están fundados ni motivados", y en tres de ellos se encontraron contratos de compra-venta entre el permisionario y sus socios, "lo que se presume contrario al artículo 27 constitucional". La posibilidad de que un permisionario venda o compre electricidad a sus socios también fue detectada en otros 26 permisos bajo la figura de "salvedad".

Además, un permisionario durante 2002 reportó excedentes de su producción de energía eléctrica entregados a la CFE superiores a los 20 megawatts permitidos por la ley. Otro vendió como excedente 91.3 por ciento de la energía que generó, algo que no permite la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

A su vez, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el cobro realizado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares que generan electricidad para su consumo o bien la cogeneran fue inferior en 140.7 millones de pesos a sus costos medios contables por concepto de servicio de porteo durante el periodo 2000-2002.

El cobro también fue inferior por el servicio de respaldo (garantía de suministro de energía eléctrica) en 18 millones de pesos, en el periodo antes citado.



Otorgamiento de licencias

La ASF revisó 19 de los 36 permisos otorgados por la CRE durante el ejercicio de 2002, que representan 52.8 por ciento de la inversión de los particulares bajo las figuras de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, exportación e importación.

De éstos, ninguno está "fundado y motivado", lo que representa una violación al artículo tercero fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por ende, dichos contratos serían nulos.

Por ello, la Auditoría solicita al Órgano Interno de Control de la CRE "inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos" que otorgaron dichos permisos. En cuatro de los permisos revisados se incluye una salvedad que permite la venta de energía eléctrica a los socios de los permisionarios, "lo que se presume contrario", entre otras disposiciones, al artículo 27 constitucional.

La ASF también comprobó que la Comisión Reguladora de Energíaotorgó permisos aun cuando las solicitudes de los particulares excedieron el plazo establecido para presentar información complementaria. Incluso, la comisión otorgó un permiso a la empresa Genermex, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad había recomendado en dos ocasiones no hacerlo.



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