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Pensión digna, nueva lucha de ex militares

Silber Meza| El Universal
04:20Sábado 18 de enero de 2014
 lvaro Escobar Hernndez es primer maestre retirado de la Marina Armada de Mxico. Padece diabetes

GUERRERO. Álvaro Escobar Hernández es primer maestre retirado de la Marina Armada de México. Padece diabetes e insuficiencia renal. (Foto: ANTONIO TELLO EL UNIVERSAL )

Han tramitado 200 amparos y buscan llevarlos a la SCJN. Sus haberes son sólo la mitad o incluso la tercera parte de lo que cobraban en activo

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Una impecable lista de asistencia cambia lento, de mano en mano, entre más de medio centenar de personas, quienes antes de escribir sus nombres con dedos marchitos informan sus grados: cabo, teniente, sargento primero, sargento segundo.

En esta reunión de militares retirados, pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada, hay muchas batallas ganadas y pocos bolsillos que alcancen para llegar a fin de mes.

Es sábado 16 de noviembre y el sol comienza a entrar a un sencillo cuarto de concreto incrustado en la orilla de un viejo galerón donde se guardan autos y camiones de poco uso. Hay muchas sillas plegables y un enorme escritorio donde despacha la Mesa Directiva.

Es la nueva sala de reuniones de la Federación de Militares Retirados, A.C., “General Francisco J. Múgica”, mejor conocida como Femirac, una organización que desde hace 14 años se dedica a luchar para mejorar las condiciones de los trabajadores inactivos de las Fuerzas Armadas.

Una de la tarde. Entre los asistentes, una mano se levanta para pedir la palabra; el presidente de la organización y general brigadier retirado Samuel Lara Villa asiente con la mirada.

“Yo vine hasta acá para ver de qué manera me pueden ayudar, porque la verdad es que mi condición es muy difícil”, dice Ismael Pedro Miguel mientras menea su torso sobre una silla de ruedas colocada en la primera fila.

El hombre es un sargento primero de la tercera edad retirado, con 20 años de servicio, que visita por primera vez la asociación con la intención de registrarse. Tiene ambas piernas amputadas a causa de una diabetes y recibe un sueldo de 2 mil 500 pesos al mes, tras una serie de descuentos.

Ismael vive en Temascalapa, Estado de México. Dice que su principal problema es de transporte, porque visita con frecuencia el Hospital Militar del D.F. para tratar su problema de salud. En cada viaje se gasta 600 pesos de taxi. Por su condición, no puede tomar el transporte público y el taxi le cobra medio día de uso más la gasolina.

El dinero del retiro se le escurre entre los dedos como arena cernida. Hace poco, en un solo mes le agendaron tres citas en el hospital y gastó mil 800 pesos en taxi, casi la totalidad de su pago.

Mientras Ismael habla, sus compañeros retirados enmudecen y se acomodan en los respaldos de sus sillas sin dejar de mirarlo como si pudieran verse en sus pupilas.

La batalla legal

Así como Ismael, muchos retirados viven con grandes carencias, con falta de servicios médicos, incluso se han registrado casos de indigencia, según afirman miembros de Femirac.

A 100 años de su fundación, el Ejército Mexicano ha dejado una estela de más de 62 mil militares retirados con sueldos o “haberes”, como se les conoce en la milicia bajos y parte de 180 mil familiares derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) tienen problemas para acceder a beneficios, según consta en testimonios e información pública a noviembre de 2012.

La mayor parte del ingreso de los trabajadores se divide en haberes y compensaciones. El haber se entrega a activos y retirados, pero las compensaciones sólo a los primeros.

Excepto un incremento autorizado por el ex presidente Felipe Calderón, en los últimos 12 años las pensiones de los militares solamente han crecido conforme a la inflación; en cambio, las compensaciones se han incrementado tanto que superan entre dos y siete veces al haber o sueldo de un jubilado.

“Cuando le dan un beneficio al activo procuran mañosamente ponerlo en un renglón para que no entre en los haberes de retiro”, critica el general Lara Villa.

Esto ha provocado que los ingresos de los retirados sean menores a los del activo en un rango que va de 40% a 80%, según sus grados y sus años de servicio.

Mientras un cabo en activo obtiene 10 mil 571, uno retirado percibe 5 mil 871 pesos al mes; mientras un teniente en activo recibe 19 mil 100, uno retirado gana 9 mil 141 pesos mensuales; mientras un general de división en activo adquiere 175 mil 329, uno retirado percibe 21 mil 316 pesos mensuales.

La situación ha llevado a más de 200 retirados de la Femirac a interponer recursos de amparo.

Francisco Torres Cruz, abogado encargado de los procesos legales, afirma que se busca el cumplimiento del artículo 21, después nombrado 23, de la ley del ISSFAM, donde se afirma que los haberes de los retirados se incrementarán al mismo tiempo y en la misma cantidad que los del activo.

“Estamos reclamando que todos los aumentos disfrazados de compensaciones también se le den al retirado”, explica Torres Cruz.

El abogado asegura que de tres paquetes de amparos que han tramitado uno lo perdieron y dos más los ganaron, pero ésos no han sido cumplidos a cabalidad.

La confrontación legal se basa en que el ISSFAM sólo considera al haber como sueldo de los retirados, mientras que los quejosos exigen que se incluyan también las compensaciones, que superan varias veces el haber.

“Estamos pensando en llevar esto a la Suprema Corte para que resuelva en conjunto los tres paquetes de amparos y que declare cómo se debe cumplir ese artículo 21, ahora 23”, advierte.

Marino a la deriva

Álvaro Escobar Hernández tiene 68 años, una pierna amputada y padece diabetes e insuficiencia renal. Desde 1991 es primer maestre retirado luego de 21 años de servicio. Actualmente vive en San Blas, Nayarit, como muchos otros retirados de la Marina.

Hace nueve meses lo internaron en el Hospital Civil de Tepic, donde le detectaron insuficiencia renal. Ahí comenzaron los problemas más difíciles para Álvaro y su familia.

El marino estuvo encamado un mes y fue dado de alta. A los 15 días debía de volver al hospital para continuar con su tratamiento, sin embargo, la Marina no proveyó a tiempo los insumos, como catéteres y líneas, por lo que Escobar estuvo una quincena sin su diálisis.

“A consecuencia del mes que pasó, el catéter que tenía en el estómago se le infectó y pasó otro mes internado en el hospital”, recuerda su hija Guadalupe.

Al salir, los médicos le advirtieron que debía ser trasladado a la clínica naval de San Blas y después a un hospital más grande, como el militar de Mazatlán, Sinaloa, donde le pondrían un catéter para iniciar con las hemodiálisis, pero la Marina no se hizo cargo del traslado en ambulancia y su hija pagó un taxi para llevarlo a su casa.

Los marinos tardaron otro mes en autorizar el ingreso de Álvaro al Hospital Militar de Mazatlán, a pesar de que la indicación médica requería inmediatez. Para llevarlo a Sinaloa tampoco se autorizó una ambulancia y su hija tuvo que trasladarlo en camión. En Mazatlán se le dio de alta con la orden de aplicarle la hemodiálisis tres veces por semana.

Ante la lejanía del hospital militar, la familia convenció a la Marina para que le pagaran el tratamiento en un sanatorio privado de Tepic, Nayarit, pero tardaron un mes en autorizarlo y durante todo este tiempo el ex marino no se hizo sus hemodiálisis.

Y aunque en Tepic ya le brindan la atención médica sin problema, ahora el principal problema que enfrenta es el dinero.

El marino recibe de sueldo o haber de retiro 5 mil 800 pesos al mes, pero como tiene un préstamo le descuentan 2 mil 200; los 3 mil 600 pesos que le quedan tiene que repartirlos entre la despensa, los servicios básicos, costear el taxi que lo traslada de la central camionera al hospital, así como la comida para su esposa y para él, porque no cuenta con viáticos. Álvaro gana 62% menos de los 15 mil 398 que recibe un activo.

Contracorriente

Un militar que ha decidido dar la batalla desde lo legal y lo social es el general Samuel Lara Villa, un hombre que revela su edad mediante sus párpados caídos, su pelo cano esponjado y sus pausas al hablar.

Él se asume como un militar de izquierda. En el periodo 1997-2000 fue diputado por el PRD y desde entonces no ha vuelto a ocupar otro cargo legislativo.

Como legislador empezó a recibir a militares retirados que le contaban sus problemas, por eso poco antes de terminar la diputación decidió formar la Femirac.

“Luchamos para que se dé una vida digna a los militares retirados”, menciona durante una entrevista, “porque si se trata de castigarnos nos la aplican, pero cuando una ley habla de derechos no le hacen caso”.

La falta de ingreso suficiente es el principal problema por el que atraviesan los jubilados. En 2011, Felipe Calderón prometió un aumento a los retirados de más de 50% de su haber, pero cuando la reforma se quiso dictaminar los legisladores propusieron el incremento a pagos escalonados durante 10 años.

“Le apostaban a la muerte”, recrimina el general, pero celebra que la Femirac logró que se redujera a cinco años.

Esta actitud crítica y la formación de la Femirac no cayó bien dentro de las Fuerzas Armadas y provocó que el Ejército lo acusara de “violencia contra un miembro de la policía”. Aunque la justicia militar lo declaró culpable, el general se amparó ante la justicia civil y fue absuelto porque no había elementos para procesarlo.

Viudez militar

El esposo de la señora Cecilia Ávila, el primer maestre Julián González, falleció hace dos años y desde entonces la situación económica empeoró para la mujer y sus dos hijas estudiantes, hasta el punto en que ella tuvo que gestionar un préstamo con intereses ante Banjército, por el cual acordó un descuento de 500 pesos mensuales.

Sin embargo, desde hace cuatro meses recibe la pensión incompleta: en vez de 5 mil 500 pesos al mes le llegan 4 mil. Ella supone que el ISSFAM, una vez que tuvo conocimiento de que era viuda, decidió recortarle las percepciones.

El sueldo de un primer maestre en activo asciende a los 15 mil 398 pesos, por lo que la pensión que recibe la mujer es 64% menor al ingreso de un activo.

Y aunque Cecilia ha buscado explicaciones, las Fuerzas Armadas se niegan a atenderla.

“Hablé al ISSFAM y me dijeron que hablara a Banjército, ahí me dijeron que hablara al ISSFAM. ¿Entonces quién tiene que ver?”, cuestiona la viuda de 48 años radicada en San Blas, Nayarit.

El caso de Cecilia es un conflicto más común de lo que podría pensarse y se mantiene en silencio por temor a represalias.



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