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Critican modelo de IP en penales

Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestiona "por su elevado costo y deficiencias" el modelo penitenciario que permite a la iniciativa privada construir y operar cárceles federales de máxima seguridad
El Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora fue parte del proyecto para crear reclu

PLAN. El Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora fue parte del proyecto para crear reclusorios bajo el Contrato de Prestación de Servicios y su construcción estuvo a cargo de ICA. Hoy acumula quejas de internos por fallas. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Miércoles 02 de octubre de 2013 Liliana Alcántara | El Universal04:00
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liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó serias irregularidades en el penal número 11 de Hermosillo, Sonora, uno de los nuevos Centros Federales de Readaptación Social de máxima seguridad en cuya construcción y operación participó la iniciativa privada y que tiene un año de funcionamiento.

Una investigación hecha por la comisión en dicho penal —inaugurado el 2 de octubre de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón— señala que el costo diario para la atención de un reo en este lugar es de mil 670 pesos.

El tercer visitador general de la CNDH, Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, asegura que, en contraste, el costo de la manutención de un interno en una cárcel estatal es de 150 pesos y el de una federal, es de 390 pesos. “Estos nuevos penales son costosos e impagables. Los elevados costos de su manutención son injustificables e inaceptables debido a las deficiencias que presentan”, agrega el encargado de supervisar los centros penitenciarios del país por parte de este organismo.

Pese a los elevados costos, personal de esta comisión atestiguó, en una visita al Cefereso Número 11 de Hermosillo, Sonora, deficiencias incluso más graves que las encontradas en otras cárceles de la República Mexicana sin capital privado: traslado irregular de reos, incomunicación, encierro prolongado en celdas, inexistencia de clasificación de reos, deficiente alimentación, servicios de salud de mala calidad, falta de capacitación para el trabajo, actividades deportivas, culturales y recreativas, así como personal insuficiente.

Esta situación, destacó la CNDH, origina violaciones a los derechos humanos de los internos relativos a la seguridad personal, a la salud, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno y a la reinserción social.

En sólo cuatro meses, el organismo recibió 47 quejas de internos que fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social 11, de Sonora, sin previo aviso a ellos, ni a sus familiares y abogados, alejándolos del lugar donde iniciaron sus procesos judiciales. Las condiciones en las que opera este centro, señala la CNDH, dificulta que se cumpla con el propósito de las prisiones que es la reinserción social.

El gobierno federal, considera Aguirre Aguilar, debe replantear las políticas públicas y transformar el sistema penitenciario para que puedan responder al fin para el que fueron creadas las cárceles.

En relación con los 47 traslados hechos sin previo aviso, la CNDH señaló que se violentó su derecho al debido proceso, pues esta situación dificultó que los procesados siguieran sus juicios y tuvieran acceso a los respectivos abogados.

Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad aseguró que se encuentra trabajando para resolver los problemas detectados por la CNDH en el penal y dijo que esa dependencia no minimiza las observaciones del organismo.

De octubre de 2012 a febrero del presente año, a este Cefereso fueron trasladados medio centenar de presos procedentes de cárceles del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nayarit, Coahuila, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y Chihuahua.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social argumentó que dichos traslados se hicieron para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario federal, pero la CNDH consideró que esto no fue así, ya que deberían estar recluidos en la misma localidad donde se están llevando sus juicios.

Algunas quejas refieren que los internos están incomunicados, pues ni sus familiares ni abogados pudieron visitarlos. “Estar interno no significa, de ningún modo, la privación del derecho que tiene todo individuo a relacionarse con otras personas y a desarrollar actividades que fomenten tales nexos, pues a menos que la persona esté cumpliendo alguna sanción impuesta, conforme a la normatividad aplicable, tiene el derecho, como cualquier interno, a todos los servicios y actividades que estén dirigidas a fomentar el contacto con el exterior, dentro del cual revisten especial importancia los contactos con la familia y cónyuge o concubina”, señaló la CNDH.

Además, el organismo constató que los internos permanecen encerrados en sus celdas la mayor parte del tiempo sin tener alguna actividad que pueda ayudar con el objetivo de lograr su reinserción social.

Las autoridades carcelarias argumentaron a la CNDH que esto ocurre debido a que no cuentan con el personal suficiente para garantizar la seguridad del centro.

“Es inadmisible que se pretendan avalar las condiciones de encierro permanente en las estancias por la carencia de personal, ya que para mantener el orden y la disciplina en dicho centro de reclusión no deben imponerse más restricciones a la población que las necesarias para lograr la convivencia armoniosa”, consideró la comisión.

Otros internos se quejaron por la deficiente alimentación que reciben y la inadecuada atención médica, situaciones que la CNDH constató al visitar esta prisión. Ante ello, dirigió la recomendación 35/2013 al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, a quien pidió que gire instrucciones para que antes de efectuar un traslado, se garantice que la persona sujeta a prisión preventiva tenga la posibilidad de defenderse en el proceso que se sigue en su contra, atendiendo a su derecho al debido proceso y, en especial, al derecho a la defensa; que en un término breve se regularicen las llamadas telefónicas, la visita familiar e íntima, a fin de mantener la vinculación social de los reclusos; que se abstengan de mantener a los internos en condiciones de encierro prolongado en sus celdas y se inicien las actividades laborales, educativas y deportivas.

También recomendó que, en forma inmediata, se complete la plantilla médica, se proporcione la atención correspondiente a los internos y que se asigne personal suficiente y capacitado de seguridad y custodia, sicología, de trabajo social y administrativo, para cubrir las necesidades del penal.

No minimizamos problema: CNS

Al respecto, la responsable de la unidad de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Patricia Patiño, admitió que esta dependencia constató las deficiencias detectadas por la CNDH en el Cefereso número 11, pero aseguró que desde hace dos meses están atendiendo cada una de ellas a través de un plan integral, a fin de que no se vuelvan a repetir.

Señaló que hay casos de incomunicación de los internos, “pero no porque se les quiera tener así, sino porque hay que cumplir con ciertos requisitos y hay un límite de teléfonos”. Informó que se abrieron nuevos canales de comunicación entre los internos y sus familiares.

Explicó que las deficiencias en materia de salud se están resolviendo, ofreciendo atención en el servicio privado de sanidad a quien así lo requiere y aclaró que la alimentación es establecida por nutriólogos.

Dijo que la falta de personal de custodia y seguridad es un problema pendiente que depende del presupuesto asignado, por lo que promoverán un incremento de recursos para el próximo año.

Negó que haya un aumento de violaciones a los derechos humanos en los nuevos penales, “pero no minimizamos los problemas. La tarea es atender de manera inmediata todas las quejas para que no se vuelvan a presentar”.



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