La represión política en Cuba mermó en septiembre de 2017 por impacto del huracán Irma, aseguró hoy un informe de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional (CCDHRN).

En el informe, del que EL UNIVERSAL tiene copia, la Comisión aseguró que en septiembre pasado “pudo registrar y confirmar por lo menos 253 detenciones arbitrarias temporales de pacíficos disidentes cubanos, la cifra más baja en los últimos 31 meses”.

La disminución, prosiguió, “tiene mucho que ver con una especie de tregua política y social que hubo de observarse en el primer tercio del mes y en los días subsiguientes debido a los graves daños humanos y materiales ocasionados por el huracán Irma”.

A la hora de emitir este informe, añadió, los efectos del desastre natural “continúan gravitando sobre la vida diaria de la mayoría de los cubanos, que ha debido enfrentar este desastre natural sin recibir la necesaria ayuda gubernamental”.

Cuba sufrió el intenso embate de Irma entre el 8 y el 10 de septiembre pasados, con saldo de 10 muertos, y 14 de las 16 provincias de la isla registraron severos y generalizados daños en viviendas, los sectores agrícolas y energéticos y las comunicaciones.

Recuento. De acuerdo con el informe de la CCDHRN, que opera en la semiclandestinidad en un país en el que el Partido Comunista es el único legal, el número de arrestos por razones políticas bajó de 575 en julio pasado y de 511 en agosto anterior, a 253 en septiembre.

La Comisión documentó 3 mil 959 detenciones por causas políticas de enero a septiembre de este año, añadió.

Según los registros de esa organización disidente, en el mismo periodo de nueve meses de 2016 hubo 8 mil 505, frente a 5 mil 146 en ese lapso de 2015.

El total anual de 2015 fue de 8 mil 616 y el de 2016 se ubicó en 9 mil 940, el más numeroso desde 2010, cuando la Comisión empezó a llevar recuentos.

La revolución comunista cubana, que en enero de este año cumplió 58 años, elude referirse a los informes, denuncias y documentos de la disidencia sobre la situación de la isla y alega que esos sectores son mercenarios y contrarrevolucionarios pagados por Estados Unidos para tratar de destrozar los logros socialistas alcanzados a partir del triunfo revolucionario de 1959.

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