Piden 751 años de cárcel para 5 por tráfico de órganos en Costa Rica

La Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada de Costa Rica (FACDO) solicitó a un tribunal de esta capital imponer condenas de 751 años de prisión a cuatro médicos y a un empresario griego por el presunto delito trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos sobre 14 víctimas.

La petición fue planteada ayer por la fiscala costarricense Ileana Mora, de la FACDO, una de las principales dependencias de la Fiscalía General o Ministerio Público de este país, ante el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

El caso sin precedentes de tráfico de órganos fue destapado por EL UNIVERSAL en un reportaje que publicó el 27 de mayo de 2013 tras una investigación periodística que mostró los estrechos nexos de médicos que laboran en esta nación con israelíes compradores de riñones en una red internacional que movió grandes cantidades de dinero, involucró a centros hospitalarios en Costa Rica y funcionó encubierta en el turismo de salud y de trasplantes.

EL UNIVERSAL reveló que Costa Rica fue utilizada como “país anfitrión” para ocultar el tráfico ilícito de órganos. El 18 de junio de 2013, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (policía técnica judicial) de esta nación comenzaron a hacer detenciones y a desarticular el “capítulo” Costa Rica de una organización transnacional de contrabando de órganos que fue controlada y financiada desde Israel con ramificaciones en Europa del Este.

Las peticiones de sentencias condenatorias, expuesta por Mora en sus conclusiones tras varios meses de juicio, deben ser ahora evaluadas por el Tribunal. La defensa de los cinco acusados también expondrá ahora sus conclusiones para alegar la inocencia de sus clientes.

El Ministerio Público informó hoy a este diario que es probable que la sentencia sea emitida la próxima semana pero que tampoco hay una confirmación definitiva de la fecha.

La fiscalía exhortó al Tribunal a que dicte prisión preventiva contra los cinco “por considerar necesaria esta medida para garantizar que sigan sujetos al proceso penal”, informó la Fiscalía General. Por el momento, los cinco están libres pero con impedimento de salida y otras medidas restrictivas.

Detalles de penas. Según la información oficial, la fiscala solicitó imponer 296 años de prisión al nefrólogo costarricense Francisco José Mora Palma como “líder de la organización” distribuidos en 10 años por cada uno de 14 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, tres años por cada uno de 12 delitos de lesiones graves, cuatro años por cada uno de los seis delitos de falsedad ideológica y seis años por cada uno de los 16 delitos de peculado de uso.

Mora Palma fue jefe de Nefrología del estatal Hospital Calderón Guardia, uno de los más importantes centros médicos públicos de esta nación.

La Fiscalía General informó a este diario que, en su argumentación ante el Tribunal, la fiscala destacó el hecho de que bajo el liderazgo del nefrólogo, el grupo sacó provecho de la “vulnerabilidad” de las 14 víctimas, porque algunas estaban amenazadas de muerte por deudas con prestamistas informales, por lo que “no tenían otra opción” y accedieron a la extracción de un riñón para obtener dinero a cambio.

Asimismo, pidió sancionar con 130 años de prisión al urólogo de origen italiano Massimiliano Anunzia Mauro Stamati, con 10 años por cada uno de 10 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres años por cada uno de los 10 delitos de lesiones graves.

Por otra parte, demandó imponer una condena de 130 años al urólogo de origen colombiano Fabián Fonseca Guzmán por los mismos hechos que le atribuyó a Mauro Stamati.

También solicitó 156 años de encarcelamiento para el vascular periférico costarricense Víctor Hugo Monge Monge, con 10 años por cada uno de los 12 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres por cada uno de los 12 delitos de lesiones graves.

Por último, requirió castigar con 39 años de cárcel para el empresario griego Dimosthenis Katisgiannis Kerkazi, propietario de una pizzería frente al Calderón Guardia y encargado de reclutar víctimas entre personas de bajos recursos y en situación económica apremiante, para comprarles un riñón en precios que oscilaron entre 6 mil y 20 mil dólares. Mora instó a sancionar al griego con 10 años de prisión por cada uno de los tres delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres por cada uno de tres delitos de lesiones graves.

Cuando la Fiscalía y la policía judicial lograron las detenciones de los cinco, el costarricense Carlos María Jiménez, entonces fiscal general interino, relató: “Se llenaban las manos de sangre y se llenaron las manos de dinero”.

Los médicos “se encargaban de llenarse las manos de sangre con intervenciones quirúrgicas para extraer órganos, implantarlos en los receptores, a cambio de dinero”, describió.