Managua.— La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, que exige la renuncia del presidente Daniel Ortega, convocó ayer a un paro nacional de 24 horas para este jueves, informaron sus dirigentes.

El anuncio fue hecho en rueda de prensa por representantes de los sectores que integran la coalición: empresa privada, sociedad civil, movimiento estudiantil y productores campesinos. La medida supone paralizar las actividades en todo el sector privado de la economía, incluyendo el comercio, los bancos, el turismo y el transporte público y de carga en todo el país.

El sistema de educación pública y privada en todos sus niveles está parado hace varias semanas, a raíz de la crisis que sacude a este país y que ha dejado más de un centenar de muertos según organismos de derechos humanos independientes.

El obispo Silvio Báez pidió públicamente el apoyo al paro “como acto de presión y protesta social”.

La medida busca presionar a Ortega para que cese la violencia y retorne al diálogo nacional suspendido el 23 de mayo, después de que la delegación oficial rechazó incluir en agenda el tema de la democratización del país, elecciones anticipadas y su retiro del poder.

“Este es un paro cívico, nacional y pacífico, que abarca a todo el país y a todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la protección de la vida”, indicó un texto leído por José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“Instamos a todos los dueños de negocios, pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia a cerrar sus establecimientos y cesar actividades”, añadió el dirigente. La alianza exigió de Ortega “una respuesta inmediata a la Conferencia Episcopal sobre la reanudación del diálogo nacional”, entendido como “el camino para revisar el sistema político de Nicaragua de raíz” a fin de “lograr una auténtica democracia y justicia”.

Tras el anuncio, nicaragüenses atiborraron las gasolineras y los supermercados, con el fin de abastecer sus hogares.

Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que dejan ya al menos 146 muertos, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia al mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

La Iglesia católica de Nicaragua denunció ayer el secuestro de una agente de comunicación durante un ataque de la Policía Nacional y grupos de choque oficialistas.

“La agente de comunicación arquidiocesana de la parroquia de Santa María de las Victorias, Angélica Baltodano Osorio, se encuentra desaparecida junto a su esposo (Jimmy Doña), luego de ser de ser secuestrados esta mañana [martes], en los ataques en El Crucero”, informó la Arquidiócesis de Managua, en un comunicado.

Horas antes, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Báez, mostraron su rechazo a los ataques de El Crucero y otras dos ciudades ubicadas en la franja Pacífico de Nicaragua, donde las fuerzas gubernamentales amenazaron a la comunidad católica, según el clero.

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