La hondureña Rosa Elena Bonilla Ávila, esposa de Porfirio Lobo Sosapresidente de Honduras de 2010 a 2014— y ex primera dama, fue arrestada ayer en la mañana en Tegucigalpa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, “lavado” de activos y asociación ilícita, porque se habría apoderado de unos 678 mil dólares destinados a programas sociales para la niñez.

Con la captura de la otrora influyente mujer en un caso oficial y sutilmente bautizado “Caja chica de la Dama”, la familia Lobo, una de las más poderosas en la política de Honduras y del gobernante Partido Nacional (PN), quedó inmersa en otro escándalo de corrupción: Fabio Lobo Lobo, hijastro de Bonilla, fue detenido en mayo de 2015 en Haití por traficar drogas y fue sentenciado en septiembre de 2017 en Estados Unidos a 24 años de prisión por narcotráfico.

“En el requerimiento fiscal se formuló acusación” contra Bonilla, porque en alianza con “otros funcionarios públicos” se habría apropiado del equivalente en lempiras (moneda hondureña) de unos 678 mil dólares, reveló tras la captura la peruana Ana María Calderón, jerarca y vocera interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

La jefa temporal de la Maccih, creada en 2016 con aval de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en funciones desde ese mismo año en apoyo al Ministerio Público (fiscalía general) de ese país, adujo que Bonilla y su grupo habrían creado “una red de ‘blanqueo’ de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales”.

En enero de 2014, en sus últimos días como primera dama, Bonilla supuestamente retiró unos 517 mil dólares que estaban depositados a nombre de un programa social y los traspasó a una cuenta personal, precisó el hondureño Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

El abogado Julio Ramírez, defensor de Bonilla, alegó que su clienta es inocente y que parte del dinero fue reintegrado a las arcas públicas y otra quedó como préstamo.

Por orden de un juzgado capitalino, la ex primera dama, de 51 años y casada desde 1992 con Lobo y con tres hijos con el ahora ex mandatario, de 70, quedó desde ayer en detención judicial en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social Femenina, a unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Deberá comparecer mañana en otra audiencia.

La captura fue ejecutada por la Policía Militar de Honduras, acompañada por la fiscalía.

Regional. En un escenario regional de escándalos, el Poder Judicial de Guatemala quedó inmerso en una trama de corrupción manipulada por un abogado y empresario guatemalteco —Sergio Roberto López Villatoro, alias El Rey del Tenis— quien habría comprado la elección de magistrados para el periodo de 2014 a 2019 con una meta: influir en las decisiones de los más altos estratos de la justicia de su país.

La conspiración fue revelada el pasado martes por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 con patrocinio de la Organización de Naciones Unidas y en funciones desde 2007.

Por pesquisas de la CICIG y del MP, dos ex presidentes de ese país —Álvaro Colom (2008—2012) y Otto Pérez Molina (2012—2015)— están presos por presunta corrupción con fondos estatales durante sus gobiernos, mientras que el actual mandatario, Jimmy Morales, tiene un expediente en ambas instancias por supuesto financiamiento electoral ilícito en 2015, antes de asumir en 2016 para un cuatrienio. En su declaración, Colom aseguró que “no me confabulé con nadie” y añadió que “no voy a dejar de luchar contra la impunidad aunque se me haya capturado como a un criminal”.

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