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Miles marchan por la paz en Nicaragua

Obispos dan plazo de un mes al gobierno para evaluar acuerdos; campesinos dicen que Ortega “no seguirá haciendo lo que quiera”
Miles de personas exigieron un alto a la violencia en Nicaragua, durante una manifestación que convocó la Iglesia católica. (OSWALDO RIVAS. REUTERS)
29/04/2018
01:20
Agencias
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Managua.— Decenas de miles de nicaragüenses participaron ayer en la marcha “Por la Paz y la Justicia” convocada por la Iglesia católica, la segunda manifestación multitudinaria en menos de una semana después de las protestas que tuvieron como saldo 63 muertos, 15 desaparecidos y centenares de heridos, según datos de organismos de derechos humanos. Los obispos dieron al presidente Daniel Ortega un mes de plazo para evaluar el cumplimiento de acuerdos.

En la peregrinación convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y que no contó con presencia policial, estuvieron representantes del sector privado —organizadores de la marcha del lunes—, campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico en el país y estudiantes, quienes lideraron las primeras protestas provocadas por la reforma a la ley del seguro social. Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, dijo al canal 100% Noticias, al inicio del evento, que se trataba de una marcha “por la paz, porque haya justicia; los nicaragüenses necesitamos un mejor país y lo vamos a conseguir”.

Ante los miles de manifestantes congregados en las afueras de la Catedral Metropolitana de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal (CEN) y arzobispo de Managua, lanzó un ultimátum al gobierno de Daniel Ortega. “Le expresamos [al presidente] que al mes de empezado el diálogo haríamos un alto para evaluar la voluntad, la implementación y el cumplimiento serio y real de los acuerdos”.

Aludió así a la oferta de diálogo que hizo Ortega a los sectores de la sociedad civil, en el que la Iglesia se ofreció a mediar, pero que aún no tiene fecha. El sector privado, los estudiantes y otros sectores sociales aceptaron el diálogo, pero exigieron una investigación por las muertes y abusos cometidos por las autoridades.

“Si los obispos evaluamos que no se dando están los pasos [fruto de los acuerdos entre las partes], informaríamos al pueblo de Dios y les diríamos que así no podemos seguir y que no se pudo” llegar a una solución de la crisis, agregó.

Francisca Ramírez, líder del movimiento de campesinos anticanal, demandó la renuncia de Ortega. Explicó a The Associated Press que quisieron participar en la marcha porque “es momento de que Ortega entienda que no va a seguir haciendo con este país lo que quiera. Ya ha sido suficiente, queremos paz, pero con justicia por los asesinatos”. Los campesinos salieron en camiones desde lugares recónditos del país desde el viernes.

Las protestas se tornaron violentas el pasado 18 de abril cuando un grupo de nicaragüenses en contra de la reforma al seguro social fue reprimido por miembros de la Juventud Sandinista y de la policía. Las acciones se repitieron durante los siguientes cinco días. El presidente decidió entonces derogar la reforma, pero para entonces había un saldo de al menos 30 muertos, la mayoría estudiantes, junto con dos policías y un periodista.

El viernes, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, anunció la creación de una Comisión de la Verdad para conocer y analizar lo ocurrido en los enfrentamientos que tuvieron lugar en el país durante las marchas.

La Comisión estaría formada por juristas, intelectuales, religiosos, jóvenes, personalidades de reconocido prestigio y algunas organizaciones, pero el anuncio generó rechazo por venir de Porras, a quien muchos ligan con la represión, que analistas e historiadores califican como la más violenta y sangrienta en los últimos 40 años, desde la dictadura somocista.

Los estudiantes reclaman una comisión internacional en la que participe la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. El gobierno confirmó 10 muertos en cinco días de protestas, pero la Comisión Permanente de Derechos Humanos reportó 63 fallecimientos, además de nueve jóvenes que se encuentran muy graves en el hospital.

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