Se encuentra usted aquí

"Mi papá es migrante, no delincuente"

Anailda Aguilar vive con el miedo de que su esposo Paulino, detenido en junio pasado por la autoridad migratoria, sea deportado y alega: no es criminal
Paulino Hernández es uno de los detenidos por las autoridades de inmigración, que suman más de 500 mil órdenes de deportación pendientes en EU. (CORTESÍA ADUANAS E INMIGRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS)
17/11/2017
04:00
Max Aub
Oceanside, California
-A +A

Fue detenido en San Diego, California, pero trasladado a Aurora, Colorado, y desde hace cuatro meses no ha visto a sus dos hijos ni a su esposa. Se trata de Paulino Hernández, de 39 años. Anailda Aguilar, su cónyuge, cuenta a EL UNIVERSAL: “El 26 de junio lo detuvieron unos agentes de la Patrulla Fronteriza, iba manejando, pero no cometió ninguna infracción y por más que le preguntaba al oficial cuál era la causa, los agentes le preguntaron su estatus legal y le pidieron papeles y no sé cuántas cosas. Al final lo detuvieron, lo esposaron y se lo llevaron detenido por ser indocumentado.

“Por si fuera poco, aunque lo detuvieron en San Diego, a los días lo trasladaron a Aurora, en Colorado, y desde hace cuatro meses no lo vemos”, comenta muy triste y molesta.

Paulino y su familia son originarios de Oaxaca. Él ya había sido detenido en el año 2003 porque tenía aparentemente algún tipo de droga personal; al poco tiempo fue liberado y posteriormente le quitaron el cargo de su expediente. Sin embargo, le habían dictado orden de deportación y esa no se pudo detener, pero Paulino se quedó en Estados Unidos.

“Mi esposo nunca se ha drogado”, dice Anailda. “Son abusos que suceden; no obstante, afortunadamente pudo defenderse y salir libre. Ahora la orden de deportación siguió y no sabemos qué va a pasar porque es como si dos veces lo expulsaran”, comenta angustiada. “Lo que estamos peleando es que lo regresen a San Diego para que mis hijos, Esteban, de siete años, y Rodrigo, de 14, lo puedan ver. El mayor sabe qué pasa y está muy triste, pero mi hijo más chico no sabe y aunque su papá habla todas las noches con ellos y conmigo, el chico piensa que nos abandonó”, cuenta con mucha frustración.

“Lo más increíble del caso”, declara su abogado Murray D. Hilts, “es que la juez Nina Carbone aprobó y ordenó el traslado del señor Hernández de Aurora a Mesa Otay, en San Diego, donde inicialmente lo tuvieron. Los directivos de Aduanas e Inmigración en Colorado no quieren obedecer la orden”, dice asombrado Hilts.

“Estamos haciendo la queja reglamentaria, pero entre una cosa y otra pueden pasar semanas o meses en la misma situación”. El hijo mayor de la pareja, Rodrigo, declara: “No entiendo por qué en Estados Unidos están sucediendo estas cosas, mi papá nos hace falta a mi hermano y a mí, a mi mama también. Estamos sufriendo mucho, no es un delincuente y no deberían hacernos esto”.

Entre lágrimas tras escuchar a su hijo, Anailda describe que por si la situación no fuera suficientemente difícil, “al mes de que pasó esto, tuvimos que dejar la casa donde vivíamos porque no pudimos pagar la renta y nos fuimos con unos parientes a Oceanside, al norte del condado de San Diego, donde nos recibieron. Pero al mes siguiente nos embargaron el coche que teníamos por la misma razón: no poder pagar. Estamos desesperados de verdad”.

De acuerdo con el abogado Hilts, “el interés de ICE [Aduanas e Inmigración de Estados Unidos] para dejar en Colorado a Paulino es porque cada estado interpreta a su manera la ley federal de inmigración y tradicionalmente en California pueden ser menos duros”, comenta. “Lo que ellos quieren es asegurarse de que lo deporten”.

Paulino Hernández es uno de los miles de padres y madres de familia que, por una razón u otra, han sido detenidos por las autoridades de inmigración y forman parte de las más de 500 mil órdenes de deportación pendientes que actualmente hay en Estados Unidos. Alrededor de 75% están prácticamente encarcelados y forman parte del presupuesto multimillonario que en la era del presidente Donald Trump se autorizó en el último ejercicio fiscal federal con un récord de 6 mil 800 millones de dólares; una muy importante tajada económica se queda para los inversionistas de los centros de detención para indocumentados que son de carácter de inversión privada.

“Mi esposo nos cuenta que están saturados de indocumentados, que hace un frío infernal y que la comida es mala y poca”, describe Anailda. “Si alguien se siente mal sólo te dan aspirinas y muy rara vez va algún doctor, tampoco los apoyan sicológicamente, hasta donde sé. Tenemos que ver cómo le hacemos porque le cobran para las llamadas y si quiere comprar alguna comida chatarra de las que venden adentro, son más caras que afuera en las tiendas”, asegura.

De acuerdo con el abogado Hilts, “más tarde o más temprano el señor Hernández va a ser trasladado a San Diego, porque estamos presionando para que cumplan la orden”, asegura. “La familia y especialmente sus hijos seguirán esperando poder verlo pronto”.

“Rezo diario y le pido a Dios que no se lo lleven y que no lo permita”, dice Anailda, “sólo Dios puede ayudarnos y nosotros tenemos mucha fe”.

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS