Liquidar la autonomía viola los derechos

Un grupo de catalanes, anoche en el centro de Barcelona. (SANTI PALACIOS. AP)
29/10/2017
01:00
Inder Bugarin / Corresponsal
Bruselas
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Arrebatarle a Cataluña su autonomía política como castigo a la rebelión independentista constituirá una violación al Derecho Internacional por parte del gobierno español.

De acuerdo con el Relator de Naciones Unidas para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, intervenir en la autonomía de Cataluña es incompatible con los Artículos 1, 19, 25 y 27 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además contradice la Constitución española, que en sus artículo 10 (2) y 96 señala que los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento interno y sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el Derecho internacional.

“La ley española debe interpretarse de conformidad con los tratados internacionales”, asegura Zayas.

Para el abogado estadounidense, el gobierno español está infringiendo el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al negarle al pueblo el derecho a expresarse sobre el tema de la autodeterminación y desestimar la legalidad de un referéndum. También constituye una violación el uso de la fuerza para evitar la celebración de una consulta popular, así como anular la limitada autonomía de un pueblo como forma de castigo.

El principio de la integridad territorial está siendo invocado por Madrid de manera equivocada, indica.

El profesor de derecho internacional de la Geneva School of Diplomacy, asegura que el principio de integridad territorial es reconocido en múltiples resoluciones de la Asamblea General, como la 2625 y 3314. No obstante, “el gobierno español parece invocar el principio de integridad territorial para justificar los intentos de silenciar la disidencia y las aspiraciones de autodeterminación”. Añade que la libre autodeterminación es un derecho de los pueblos y no una prerrogativa de los Estados a otorgar o denegar.

“La única solución democrática al actual impase es suspender las medidas represivas y organizar un referéndum”, sostiene. Para darle autenticidad a la consulta, propone la supervisión de la Unión Europea y de observadores como el Centro Carter.

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