Juicio por violación grupal en Sanfermines desata fuerte polémica en España

Los cinco jóvenes acusados de violar a una mujer en los Sanfermines de Pamplona en 2016 sostienen que las relaciones fueron consentidas, aunque no de palabra; activistas acusan a los jueces de "machistas" por juzgar a la víctima y no a los agresores
(Foto: EFE)
22/11/2017
12:21
Jerónimo Andreu / Corresponsal
España
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El 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona, cinco hombres entraron con una joven de 18 años en un portal. Eran todos turistas (ellos procedentes de Sevilla, y ella de Madrid) que se habían conocido en la fiesta, reconocida por su desenfreno y el abuso del alcohol.

La mujer asegura que fue violada en grupo y que le quitaron el celular para que no pudiera denunciar. A pesar de ello, lo hizo ante dos agentes de la policía local. El juicio ha abierto en España una fuerte polémica social y jurídica sobre si las relaciones sexuales fueron consentidas o forzadas y sobre las pruebas aportadas por las partes.

Los acusados, que desde hace un año y medio están en prisión preventiva y se arriesgan a ser condenados a 22 años cada uno, aseguran que la relación sexual fue consentida y que “en ningún momento la mujer hizo sentir que se sentía incómoda”. Los policías y los médicos que la atendieron niegan esta versión y aseguran que la mujer daba muestras de estar traumatizada. La joven declaró en una comparecencia de tres horas ante el juez que no se resistió a la violación porque tenía miedo de los cinco hombres, ebrios y de gran tamaño, uno de ellos militar de élite y otro guardia civil.

A partir de estos hechos han comenzado dos juicios paralelos. Los presuntos violadores desde el primer momento fueron considerados culpables por la opinión pública. Contribuyó a ello que se hicieran denominar “La Manada”, tuvieran antecedentes por violencia, algunos fueran hooligans del equipo de fútbol Sevilla F. C., y que antes de acudir a las fiestas de San Fermín hubieran cruzado mensajes de teléfono bromeando con violar a chicas en la fiesta, incluso con drogas que sometieran su voluntad.

Tres de los sospechosos, que ya declararon hoy, ratificaron en que fueron relaciones consentidas, si bien uno reconoció que ese consentimiento no se produjo de palabra, según un abogado de la acusación.

El letrado Agustín Martínez Becerra, que los defiende, señaló a la prensa que hay otras formas de consentir, sin precisarlas.

Los policías que analizaron los videos de los hechos, grabados por los encausados, testificaron ayer que la chica no tuvo participación voluntaria y fue víctima de una "humillación", dijo el abogado de la mujer, Carlos Bacaicoa.

Las grabaciones son la prueba de cargo, según las acusaciones y, para las defensas, avalarían que las relaciones no fueron forzadas.

Los agentes declararon que la denunciante permaneció con "los ojos cerrados" y una actitud "pasiva o neutra", algo que no comparte un experto en lenguaje no verbal que elaboró otro informe por encargo de una de las defensas.

La joven, por su parte, había explicado que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, lo que le hizo entrar en shock y desear que todo terminara cuanto antes.

Psicólogas judiciales acreditaron que presentaba síntomas de estrés postraumático, según el abogado de la mujer, aunque una especialista de las defensas lo negó.

El informe del laboratorio de las muestras de ADN recogidas por la policía en el portal donde fue supuestamente violada confirmó que correspondían a los acusados.

Y el de los médicos forenses sostiene que las lesiones que presentaba eran compatibles con el relato de una agresión sexual con penetración.

Pero en el momento que comenzó el proceso judicial en la Audiencia de Navarra, el 13 de noviembre, fue la víctima quien pasó a recibir toda la atención. La defensa de La Manada basa su estrategia en desmentir que la mujer fuese forzada contra su voluntad.

Independientemente de si los acusados son o no culpables, el intento de criminalizar a la denunciante ha generado un gran rechazo en la sociedad española.

Una de las acusaciones se centra en que el tribunal - integrado por tres magistrados - no admitió los mensajes de Whatsapp de los acusados, previos a los hechos, con comentarios acerca de abusar de jóvenes en esas fiestas.

Por el contrario, aceptó un informe de detectives privados sobre las publicaciones de la mujer en redes sociales encargado por las defensas, que aportaron una imagen que ella subió a Instagram con el lema "Hagas lo que hagas, quítate las bragas".

Grupos feministas se han manifestado estos días, considerando que el juicio se ha convertido en un ensalzamiento de la “cultura de la violación”, acusando a los jueces de "machistas" porque no se trata de juzgar a la "víctima", argumentaron, sino a los agresores. 

“Hagamos viral nuestro apoyo a la víctima de La Manada. Qué vergüenza que se esté juzgando el comportamiento de la víctima y no los hechos: la bestial violación grupal, el escarnio en las redes, que le robaran el móvil para que no pudiera denunciar. Exigimos verdadera justicia”, escribía el lunes en Twitter la escritora Rosa Montero, reciente Premio Nacional de las Letras en España.

Ayer era un día vital en el proceso. En una sesión a puerta cerrada, el juzgado estudió los siete vídeos que los jóvenes grabaron durante el acto sexual y que suman 96 segundos. La interpretación de los distintos actores volvió a ser diferente.

Uno de los abogados de la joven, Carlos Bacaicoa, aseguró que las grabaciones son “repugnantes” y demuestran que “no hubo consentimiento por ningún sitio”. En ellos, la mujer se mantenía “pasiva, neutra” y con “los ojos cerrados” mientras los acusados se iban pidiendo el turno.

Los acusados consideraron que los vídeos demuestran que “no hay fuerza y no hay intimidación”. “La conducta de ella no acredita ni que sea violación ni lo contrario. A día de hoy ninguna de las pruebas ha acreditado violación”, argumentaban los abogados, insistiendo en que la presunción de inocencia marcaría que, en ese caso, los acusados deberían ser absueltos.

La Fiscalía solicita 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno y una indemnización colectiva de 100 mil euros; la denunciante reclama 24 años; y las acusaciones populares del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno regional de Navarra, 25 años.

*Con información de EFE

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