Juez falla a favor de ciudades santuario

Un juez federal de Chicago bloqueó ayer las nuevas reglas del presidente Donald Trump para retener fondos federales a las ciudades que establecen políticas santuario para proteger a los indocumentados. Mientras que Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, dijo que una mayoría bipartidista en el Congreso desea proteger a los 800 mil dreamers del programa DACA.

En un fallo de 41 páginas, el juez de distrito Harry Leinenweber dictaminó que la alcaldía de Chicago había probado la “probabilidad de éxito” de los argumentos de su demanda presentada el mes pasado contra el gobierno federal. De acuerdo con la demanda, el fiscal federal de EU Jeff Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para la concesión de la subvención Edward Byrne Memorial Justice, destinada a los departamentos policiales.

El juez señaló que también quedó demostrado que la ciudad podría sufrir un “daño irreparable” en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera que los nuevos estándares del Departamento de Justicia.

“Una vez que se pierde esa confianza, no se puede reparar y es del tipo de daño que es especialmente difícil de rectificar si tuviéramos que esperar a que la demanda sea resuelta”, agregó. El bloqueo preliminar se aplicará en todo el país, donde hay unas 600 ciudades y condados que establecen políticas santuario y que podrían ser afectadas por la medida. En un memorando, Sessions dijo que se negarían los fondos porque las ciudades santuario “no cumplen voluntariamente” con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.

Según apuntó, esas ciudades limitan el cumplimiento de las retenciones de indocumentados en las cárceles, pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), no informan cuando un indocumentado está por ser liberado y prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios.

Al presentar la demanda, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, argumentó que los nuevos estándares obligaban a las autoridades locales a comunicar a ICE con 48 horas de anticipación la liberación de personas que fueran sospechosas de ser indocumentadas, un plazo considerado inconstitucional. En el caso de Chicago, con la retención de fondos se perderían 3.2 millones de dólares del fondo de apoyo policial.

En tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó ayer una orden que prohíbe a las agencias estatales y a los funcionarios públicos, incluida la policía, indagar o revelar el estatus migratorio de las personas con quienes entren en contacto. En un comunicado, Cuomo afirmó que la orden, que tiene como intención proteger a los inmigrantes del miedo y de la intimidación, sólo aprueba que se indague el estatus migratorio de una persona cuando se investiguen actividades ilegales o cuando sea necesario para brindar un servicio.

“Mientras en Washington DC se discute la posibilidad de revertir una política de inmigración sensata, nosotros estamos tomando medidas para ayudar a proteger a todos los neo-
yorquinos contra la posibilidad de que sean blancos injustificados por parte del gobierno”, afirmó Cuomo.

Sobre el programa DACA, Paul Ryan, dijo en entrevista radiofónica que “hay una parte buena en esto... una mayoría en el Congreso”, que desea proteger a los jóvenes inmigrantes (dreamers) mientras también se aumenta la seguridad fronteriza.

El presidente Donald Trump dijo esta semana que estaba “bastante cerca” de un acuerdo con los legisladores demócratas para garantizar protección a los inmigrantes beneficiados por el programa DACA, siglas del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado por el ex presidente Barack Obama.

Protección sí, amnistía no. Según dijo Helen Aguirre Ferré, asesora de Trump y directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, a la agencia EFE, Trump quiere resolver el “dilema” de los dreamers. Sin embargo, aclaró que “no podemos hablar sobre ningún plan” legislativo que reemplace DACA “donde no se incorpore de la misma manera lo que tiene que ver con [fortalecer la] seguridad nacional” o que “incorpore amnistía o dé a entender amnistía”.

De acuerdo con Aguirre Ferré, el presidente “entiende lo importante que es la seguridad nacional y el imperativo de tener fronteras que sean seguras”, y quiere asegurarse de que “la inmigración ilegal cese”.

El DACA suspende los procesos de deportación y otorga permisos de trabajo a los beneficiarios, unos 800 mil jóvenes inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños o se quedaron una vez que expiraron sus visas. Trump anunció que desmantelará el programa en seis meses y exige al Congreso que trabaje al respecto.

Ryan coincidió con Aguirre en que cualquier legislación para proteger a los dreamers deberá llegar de la mano de una mayor seguridad fronteriza.

“No estaremos tranquilos de arreglar un síntoma del problema sin lidiar con la causa de raíz”, dijo el líder congresista a la estación WISN-AM de Milwaukee.