Juez de origen mexicano falla a favor del muro

Avala legalidad de decisión de Casa Blanca para la exención ambiental; la Corte Suprema elimina beneficios para migrantes que están detenidos
Juez de origen mexicano falla a favor del muro
Trabajadores colocan un muro estilo bolardo de nueve metros de alto para reemplazar una sección de la valla fronteriza cerca de Calexico, en California (EARNIE GRAFTON. REUTERS)
28/02/2018
03:08
Víctor Sancho / Corresponsal
Washington
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El juez federal Gonzalo Curiel, criticado por el presidente Donald Trump por su origen mexicano, falló ayer a favor del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, autorizando la legalidad de las exenciones ambientales que la Casa Blanca decretó para acelerar su construcción.

En su escrito, el juez Curiel aseguró “no tener serias dudas constitucionales” sobre la decisión del gobierno de emitir normativas para evitar revisiones y medidas destinadas al cuidado ambiental, amparándose en una ley que consideraría el muro como un elemento de seguridad nacional y por tanto bajo legislación migratoria. Según el dictamen, que afecta 24 kilómetros en San Diego y 4.82 km en el sector El Centro (ambas en California), las vallas actuales “no son ya óptimas para las operaciones de la patrulla fronteriza”, y eso se sobrepone al cumplimiento de estatutos ecológicos.

El estado de California y varios grupos ambientalistas habían intentado bloquear la construcción del muro, argumentando no sólo la inconstitucionalidad de la ley, sino el peligro que supondría para especies en peligro de extinción.

Curiel quiso dejar claro que en su decisión no “considera si las decisiones subyacentes de la construcción de barreras fronterizas son políticamente inteligentes o prudentes”, siendo consciente de que el muro es “actualmente tema de debate político en y entre Estados Unidos y la República de México, así como la necesidad, eficacia y la fuente de financiamiento de dichas barreras”.

Es bien sabido que el muro es el principal tema de fricción no sólo a nivel interno, en cuanto al debate de reforma migratoria, sino especialmente en las relaciones con México. La obcecación de Trump porque sean los mexicanos los que paguen la factura de la barrera ha provocado la cancelación de dos visitas de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a Washington, y puesto tensión al diálogo entre ambos países.

El Departamento de Seguridad Nacional de EU se felicitó por la decisión, recordando que “los muros funcionan” y son “extremadamente efectivos en la prevención de flujo de drogas y extranjeros ilegales a través de nuestras fronteras”. Por su parte, Trump tuiteó que la decisión del juez es un “gran triunfo legal”.

El fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, advirtió que seguirán en la lucha para evitar su construcción. “Un muro medieval a lo largo de la frontera entre EU y México simplemente no pertenece al siglo XXI”, sentenció, convencido de que Trump está “ignorando las leyes que no le gustan para resucitar el tema de campaña de construir un muro en nuestra frontera sur”.

El grupo ecologista Sierra Club, uno de los que lideraron la denuncia contra la Casa Blanca, advirtió de los efectos que causará en las comunidades de ambos lados de la frontera.

En palabras de la abogada Gloria Smith, la exención de cumplimiento de normativas ambientales ya ha provocado desastres como inundaciones en Nogales, la destrucción de enterramientos rituales de indígenas norteamericanos, y ha causado la muerte de miles de miembros de varias especies.

“El mayor problema de estas anulaciones no es ni judicial ni filosófico, sino algo concreto. La leyes que se han eliminado no son sólo restrictivas. Son protecciones cruciales que se instauraron por razones concretas —la protección de las comunidades y el medio ambiente del que todos dependemos—”, concluye la abogada en un comunicado.

Suprema Corte da revés a migrantes. El máximo Tribunal de EU determinó que los inmigrantes detenidos por el gobierno mientras se estudia su deportación no tienen derecho legal a solicitar la libertad bajo fianza seis meses después de su detención y cada seis meses después, si continúan presos.

La demanda colectiva fue iniciada por inmigrantes detenidos desde hace mucho tiempo. Entre ellos hay personas que enfrentan la deportación por haber cometido un delito.

La Corte anuló una sentencia según la cual los inmigrantes tenían derecho a solicitar la fianza y el gobierno debía demostrar por qué necesitaban permanecer detenidos.

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