Los gobiernos de Honduras y El Salvador despliegan esta semana una intensa batalla en Wa-shington para que el presidente Donald Trump acepte prorrogar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) y evite dejar a unos 57 mil hondureños y a unos 190 mil salvadoreños a expensas de ser deportados de Estados Unidos en los primeros meses de 2018.

Los dos gobiernos, que clamaron por extender el TPS, confirmaron que la decisión de Trump se espera este fin de semana o el próximo domingo y afectaría también a unos 5 mil nicaragüenses acogidos a ese plan, concedido por EU en 1999 para auxiliar a Honduras y Nicaragua por el azote en 1998 del huracán Mitch y prorrogado varias veces. Los salvadoreños son favorecidos desde 2001 por un terremoto ese año en El Salvador, mientras que casi 50 mil haitianos lo disfrutan por el sismo de Haití de 2010.

La zozobra cundió luego de que el gobierno de Trump anunció que los migrantes que viven en EU bajo ese programa deberían pensar en retornar a sus países, porque esos beneficios tampoco son indefinidos. El TPS concede residencia temporal en vez de permanente, permite permanecer y trabajar legalmente en EU y pagar impuestos.

Con este panorama, los migrantes regulares e irregulares salvadoreños y hondureños que viven en EU son esenciales para las economías de Honduras y El Salvador.

El Banco Central de El Salvador reportó que de enero a septiembre de 2017, ese país recibió 3 mil 684, 5 millones de dólares en remesas familiares y la mayoría procedentes de EU, en un crecimiento de 347.3 millones de dólares o 10.4% sobre el mismo periodo de 2016. El total de 2016 fue de 4 mil 576 millones en 2016, 306 millones de dólares más que 2015.

El Banco Central de Honduras informó que las remesas, en su mayoría provenientes de EU, sumaron 3 mil 949 millones de dólares en 2016, frente a 3 mil 649 millones de dólares en 2015. De enero a junio de 2017 totalizaron 2 mil 178 millones de dólares, en un aumento interanual de 13.2%.

Tras reunirse desde el lunes en Washington con jerarcas del gobierno y del Congreso estadounidense para buscar convencerlos de la urgencia de extender el programa, la canciller de Honduras, María Dolores Agüero, expuso “argumentos humanitarios y económicos” y afirmó que “estamos a las puertas de una decisión final” y soberana de Trump.

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, inició ayer en la capital estadounidense lo que describió como “intensa agenda” para “visibilizar” la contribución de sus compatriotas en EU.

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