Gobierno pone en riesgo ola de legalización de marihuana

La administración de Donald Trump puso ayer en jaque la oleada de legalización de la marihuana que se vive en Estados Unidos.

Jeff Sessions, fiscal general, ordenó a los procuradores públicos estadounidenses que, en caso de que lo consideren oportuno, apliquen en su totalidad y mayor magnitud las leyes sobre penalización de la marihuana en todo el país, fulminando directivas aprobadas por el ex presidente Barack Obama.

En la misma semana que California legalizaba la marihuana recreativa e incluía a una quinta parte de la población de EU a ese mercado, la administración Trump endureció de facto la ley de drogas, dejando al parecer de los fiscales la aplicación de la normativa existente.

Sessions, un halcón de la guerra contra las drogas, justificó su decisión esgrimiendo que las directivas emitidas por Obama, que disuadían de perseguir el uso de marihuana siempre que hubiera legislación estatal que lo permitiera, violaban la ley federal.

En concreto, Obama emitió en 2009 un memorándum en el que pedía a los fiscales que no persiguieran la marihuana medicinal. Cuatro años más tarde dio a conocer otra norma para desalentar la persecución del uso recreativo de esta hierba. Las dos directivas permitieron que el movimiento procannabis creciera y se expandiera por todo el país: tras la legalización en California son ocho estados (más el Distrito de Columbia) que permiten su uso recreativo y casi una treintena los que permiten su uso medicinal.

“Las anteriores directrices socavaban la habilidad de nuestras fuerzas del orden de llevar a cabo su misión”, dijo Sessions. “Este retorno a la ley es también un regreso a la confianza y el control local de los fiscales federales que saben dónde desplegar los recursos del Departamento de Justicia para ser más efectivos para reducir el crimen violento, detener la marea de crisis de drogas y desmantelar bandas criminales”, añadió en un comunicado.

La marihuana, a nivel federal, es considerada ilegal en su uso, distribución y posesión, incrustada dentro del rango de drogas más peligrosas, junto a la heroína o el LSD. La opinión popular, sin embargo, va en otra dirección: cada vez hay más aceptación a que se legalice. Según la más reciente encuesta de Gallup, del pasado octubre, 64% de los estadounidenses está a favor de su legalización. El incremento de aceptación tiene que ver, en gran parte, con la despenalización en ciertos estados, primero de su uso medicinal (del que fue pionero California en 1996) y, en 2012, en su uso recreativo (Colorado y Washington).

La decisión del gobierno marca la pauta para que legisladores, especialmente aquellos provenientes de estados en los que la industria del cannabis late con fuerza o los que defienden de hace tiempo la desregulación de la marihuana, se desmarquen de la administración Trump. Uno de los más vociferantes fue el senador republicano Cory Gardner, de Colorado, quien dijo sentirse traicionado por Sessions (quien le prometió que no habría cambios en la política sobre el cannabis) y amenazó con bloquear todas las acciones del Departamento de Justicia que pueda. También abre la puerta para que senadores más liberales, como los demócratas Cory Booker o Bernie Sanders, impulsen su propuesta de despenalizar esta droga.