Europa alerta por los visados exclusivos

Bruselas

Cuando se trata de decidir quién puede residir en Europa y quién no, los servicios consulares de algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) ofrecen un trato asimétrico hacia el migrante.

Si se trata de un individuo desesperado que arriesga su vida en una barca improvisada al cruzar el Mediterráneo, es muy probable que su destino se defina entre la muerte, la deportación o el aislamiento en un complejo para refugiados.

Pero si es un oligarca ucraniano o ruso, un importante hombre de negocios chino o un distinguido millonario de la India, Brasil o Venezuela, el permiso de estadía es ofrecido en bandeja de plata siempre y cuando busque consolidar inversiones.

Al menos eso ocurre en algunos Estados miembros del club comunitario, en los que es posible obtener la ciudadanía o la residencia a cambio de una sustancial inyección económica al país, a través de diversas formas, desde la adquisición de una propiedad de lujo hasta la donación a un fondo de desarrollo.

Los llamados visados de oro fueron introducidos por primera vez en 1984 como forma de atraer capital a la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves. Desde entonces, se han convertido en una herramienta multimillonaria que se aplica de manera discrecional en más de 20 países.

Gran Bretaña, junto con Estados Unidos y Austria han ofrecido visas a cambio de inversión desde la década de 1980, en tanto, la Europa rica introdujo ese esquema a partir de la crisis financiera de 2007-2009 para tratar de revivir sus debilitadas economías.

De acuerdo con un informe publicado en enero pasado por la Comisión Europea, Bulgaria, la República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Reino Unido cuentan con regímenes de residencia para inversores o visados dorados.

Aunque países como Chipre y Malta van más lejos, emiten pasaportes sin exigir la obligación de residencia física del individuo ni pedir como requisito el tener vínculos reales con el país. Según un estudio del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, en estos países insulares la ciudadanía tiene un precio de 2 millones de euros y un millón 150 mil, respectivamente.

Grecia opera el programa de residencia más económico: pide un mínimo de 250 mil euros como inversión en propiedad por la estadía.

Transparencia Internacional estima que España, Chipre, Portugal y Reino Unido recaudan, por esta vía, de 970 millones a 498 millones anuales; mientas que Chipre y Malta habrían acumulado en una década una riqueza equivalente a los 4.8 mil millones de euros y 718 millones de euros. La UE en su conjunto habría obtenido más de 25 mil millones de euros por la venta de visas o permisos de residencia en la última década.

Debido a la opacidad con que estos visados son emitidos, los datos sobre el número de beneficiarios son limitados, aunque documentos de la Eurocámara y Transparencia Internacional arrojan luces sobre la magnitud de su utilización.

Por ejemplo, en Letonia representaron 40% de los permisos de residencia concedidos por primera vez en el periodo 2012-2016; en Malta, 38% entre 2014 -2016; en Chipre, alrededor de 10% en 2008-2017, y en Portugal, 9% de 2013 a 2018.

En total, en la última década, la UE habría dado la bienvenida a unos 100 mil beneficiarios del “sistema migratorio VIP”; la gran mayoría fueron chinos y rusos. España destaca como el destino favorito de estadounidenses y venezolanos, conjuntamente suman 7 mil 443 visas entre 2013 y abril de 2018. Los críticos, como Transparencia Internacional y el Parlamento Europeo, califican los visados de injustos, puesto que ofrecen oportunidades a los ricos mientras que se rehúsa la entrada a los más pobres.

También consideran que es una actividad que puede servir de herramienta a la delincuencia, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, así como puede prestarse a la corrupción.

“Los gobiernos que se resisten al cambio son aquellos que están convencidos de que los beneficios que están obteniendo a corto plazo superan los riesgos potenciales de corrupción y seguridad”, dice a EL UNIVERSAL Eka Rostomashvili, coordinadora de campañas de incidencia de Transparencia Internacional.

La Comisión Europea reconoció en enero pasado que los programas suponen un riesgo para la Unión en su conjunto, porque los titulares de la ciudadanía de un Estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la UE y, con ella, sus derechos, privilegios y la oportunidad de vivir en cualquiera de los socios.

Ante esta preocupación, Bruselas exigió a los Estados miembros la adopción de una serie de medidas para que haya reglas claras, transparencia y controles de seguridad reforzados, para evitar delitos como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Un grupo de expertos dará seguimiento al proceso, al evaluar periódicamente los riesgos y eventuales avances.

Rostomashvili da la bienvenida a las acciones del Ejecutivo comunitario y las ve en el contexto de un momentum político particularmente favorable para acabar con los abusos y limpiar la lista de beneficiarios de estos esquemas. “Aunque este impulso político aún no se traduce en cambios significativos de las políticas. A pesar de la presión de la UE, ningún país ha suspendido su programa de visados dorados”.

Sobre los planes de reforma anunciados por los gobiernos de Bulgaria, Chipre y Reino Unido, señala que son “decepcionantes, carecen de medidas firmes contra la corrupción y no atienden las deficiencias en la gestión pública y el debido proceso.

“Los gobiernos nacionales se han resistido al cambio. Si están comprometidos en poner fin a los abusos en los visados dorados, necesitan hacer cambios reales. Los beneficios a corto plazo no superan los posibles riesgos a largo plazo para la UE”.