Guatemala

se precipitó anoche a una nueva crisis institucional en la lucha contra el enriquecimiento ilícito y la impunidad.

La crisis estalló luego de que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Thelma Aldana , denunció que el presidente guatemalteco , Jimmy Morales , pedirá esta semana en Nueva York al secretario general de la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), el portugués António Guterres , el retiro del abogado colombiano Iván Velásquez como jerarca de una instancia internacional que combate la corrupción en ese país centroamericano.

“Tengo entendido que el señor Presidente de la República ha pedido audiencia con el señor secretario de Naciones Unidas y que le ha sido concedida para este viernes. Y también tengo conocimiento que el único objeto de esa entrevista será pedir la remoción del señor comisionado Iván Velásquez. Y luego ya uno puede asumir que si no es aceptada esa solicitud podrían eventualmente expulsar del país al comisionado Iván Velásquez”, dijo Aldana anoche al telenoticiero Guatevisión, de la capital guatemalteca.

Al aclarar que la decisión todavía “no se ha tomado” y que espera “que no se llegue a tomar”, advirtió que renunciará si la acción del presidente se concreta y que “sin duda la salida de Velásquez va a contribuir a las estructuras criminales del país”.

Velásquez es jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue creada en 2006 con aval de la Organización de Naciones Unidas y es una instancia querellante que labora desde 2007 para combatir décadas de impunidad y corrupción en ese país. Aldana recordó que el colombiano asumió el cargo hace tres años y medio.

De manera paralela, el periódico Prensa Libre, el principal de Guatemala, reveló anoche que “en forma sorpresiva”, Morales viajará mañana a Nueva York a reunirse el viernes con Guterres para revisar la actuación de Velásquez y supuestamente pedir que sea retirado o removido de sus funciones.

Tras múltiples gestiones de los medios de prensa, la Presidencia de Guatemala se refirió a la situación. En conferencia de prensa esta mañana en el Palacio Nacional, sede de la Presidencia, el guatemalteco Heinz Hiemann, vocero del gobernante, se limitó a confirmar que Morales se reunirá el viernes en la sede de la ONU en Nueva York con Guterres, alegó que el objetivo es fortalecer a la CICIG y afirmó que las denuncias se basan en rumores.

Sobre el amago de renuncia de Aldana, adujo que el MP tampoco puede depender solo de una persona.

Morales viajará mañana a Nueva York y retornará el próximo sábado a Guatemala, publicó el matutino al atribuir el reporte sobre el periplo a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), una dependencia presidencial.

En declaraciones esta mañana a Emisoras Unidas, una de las más importantes cadenas radiofónicas de Guatemala, Aldana aseguró que el secretario general de la ONU rechazaría la petición Morales.

Malestar. Desde anoche, Aldana admitió que ignora la causa del malestar del gobernante con el comisionado.

En el escenario, no obstante, hay un hecho que marcó el nexo de Velásquez y Aldana con el Jefe de Estado y que se relaciona con dos cercanos familiares del mandatario.

El MP y la CICIG denunciaron judicialmente en septiembre de 2016 un escándalo que llevó a prisión al hijo del presidente, José Manuel Morales Marroquín, por supuesto fraude, y a su hermano, Samuel Everardo Morales Cabrera, por presunto fraude y lavado de capitales y otros activos, por aparente corrupción política al sustraer dinero de una dependencia estatal.

Por esos hechos, ambos estuvieron presos en Matamoros, una cárcel de alta seguridad que funciona en un cuartel militar de la capital guatemalteca.

La fiscal general reconoció esta mañana que Morales evitó intervenir en las indagaciones en contra de su hijo y de su hermano. Al estallar el escándalo, Morales, con apenas ocho meses como presidente, prometió que jamás interferirá en la indagación a sus familiares, reconoció que “esta situación no ha sido fácil para mí” y confió en la inocencia de su hijo y de su hermano.

Renuncia. Frente a la supuesta amenaza de Morales, Aldana, designada este año por la influyente revista Time, de Estados Unidos, como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, advirtió que dimitirá a su cargo si Velásquez es obligado a abandonar el país.

En una declaración que difundió en su cuenta de Facebook y cuya validez fue reconfirmada por el MP, Aldana alertó que “si expulsan” a Velázquez, “el único mecanismo que encuentro para protestar es renunciar al cargo” de fiscal general y jefa del Ministerio.

“Porque en nuestro trabajo conjunto MP CICIG en la lucha contra la corrupción y la impunidad, hemos contribuido a la construcción de un mejor país. Sin independencia no hay estado de derecho”, alegó.

En otra parte de sus declaraciones al telenoticiero, Aldana aseguró que sería lamentable que el presidente de Guatemala pida al secretario general de la ONU que Velásquez sea separado de su puesto o sufra una eventual expulsión.

Aliada al MP, la Comisión destapó en abril de 2015 uno de los más graves escándalos de corrupción política en Guatemala y descubrió los entretelones “La Línea”, un caso que provocó una millonaria defraudación aduanera y obligó en septiembre de ese año al entonces presidente, Otto Pérez Molina, a renunciar tras ser señalado como cabecilla de la estructura criminal. Luego de dimitir y concluir abruptamente su gestión, que empezó en enero de 2012 y debía concluir en enero de 2016, Pérez quedó preso.

Entre otros hechos de gran impacto político, la CICIG y el MP pidió en septiembre de 2016 a la Policía Internacional (Interpol) la captura de la guatemalteca Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa del magnate mexicano Remigio Ángel González, dueño un emporio mediático en América Latina y el Caribe. Las dos instancias reclaman a Lorenzana, prófuga internacional de la justicia de Guatemala, por otro escándalo de corrupción que sacude a ese país por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito.

CICIG y MP aseguraron que el financiamiento habría sido por unos 2,2 millones de dólares a favor de las campañas electorales de Pérez Molina y a cambio de que, ya como presidente, el político favoreciera con abundante publicidad estatal en dos canales de televisión de González en los que Lorenzana tiene representación legal.

Las dos instancias judiciales aseguraron que los canales 3 y 7 fueron privilegiados al concentrar contratos millonarios por más de 30,8 millones de dólares en pauta publicitaria estatal de 2012 a 2015. El monto acaparado por los dos canales equivale aproximadamente al 69% del gasto del Estado de Guatemala en publicidad en ese periodo.

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