Corte IDH abre histórico juicio por desatención a Sida en Guatemala

El caso se refiere a 49 guatemaltecos de escasos recursos que fueron diagnosticadas con VIH/Sida de 1993 a 2003 y a partir de 2006 recibieron un tratamiento deficiente o a destiempo, por lo que ocho murieron
06/03/2018
10:49
José Meléndez, corresponsal
San José.-
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Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH) comenzó a debatir la falta de atención médica integral a enfermos de VIH/Sida en el Hemisferio Occidental y abrió hoy un juicio en Costa Rica en contra del Estado de Guatemala por presuntamente desatendió entre 1992 y 2003 a 49 guatemaltecos víctimas de ese mal y en situación de pobreza, con ocho muertos a partir de 2007 por recibir un tratamiento deficiente o a destiempo.

El juicio se inició en esta capital, sede de esta instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), hoy a las 09:00 horas locales (mismo tiempo del centro de México) y oficialmente está previsto que concluirá a las 18:30, y quedará a la espera de que la Corte emita sentencia, de carácter inapelable.

En un informe que emitió de previo al juicio, la Corte relató que el proceso “Cuscul Pivaral y otros versus Guatemala” está relacionado con la supuesta falta de atención médica estatal a los 49 enfermos y en condición de miseria.

La muerte de los ocho, añadió, habría ocurrido “como consecuencia de enfermedades conocidas como oportunistas, o bien en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado, o bien tras una atención deficiente”.

Uno de los alegatos de las víctimas es que un tratamiento médico aplicado a partir de 2007 “no cumplió con los estándares mínimos para ser considerado integral y adecuado” y que “las alegadas deficiencias habrían violado los derechos a la salud, vida e integridad personal en perjuicio de las presuntas víctimas sobrevivientes”, puntualizó.

“El Estado no habría proporcionado una protección judicial efectiva a las presuntas víctimas”, puntualizó.

No fue posible obtener una reacción de la comitiva del Estado guatemalteco como parte acusada, aunque en el transcurso de la vista podrá exponer sus alegatos de defensa.

Víctimas. La parte acusadora es representada por dos organizaciones no estatales—el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), de cobertura interamericana y la Asociación de Salud Integral, de Guatemala—y la médica guatemalteca Cristina Calderón Melgar.

CEJIL, con sedes en Washington, Costa Rica y Argentina, reportó que las 49 personas fueron diagnosticadas con VIH/Sida entre 1992 y el 2003. “La mayoría de ellas no recibieron atención médica por parte del sistema público de salud hasta el 2006 y cuando se le brindó, ésta fue incompleta, incluso provocando la muerte de algunas de las personas afectadas”, agregó, en un comunicado que remitió a EL UNIVERSAL.

Citada en el boletín, la médica guatemalteca afirmó que “la atención y prevención del VIH es un asunto de salud pública que debe ser atendido por el Estado a través de la disposición más efectiva de sus recursos”, por lo que la Corte “podrá conocer de esta realidad y pronunciarse sobre los lineamientos internacionales que debe respetar el Estado guatemalteco para garantizar la salud de las personas” que padecen esa enfermedad.

Por su parte, el abogado costarricense Esteban Madrigal, de CEJIL, aseguró que “este caso refleja la realidad de miles de personas con VIH en Guatemala que por años no han recibido atención integral por parte del Estado, a pesar de las graves consecuencias para la vida, la integridad personal y la salud, que genera esta enfermedad”.

Basado en datos del Programa Conjunto de la Organización de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), CEJIL reportó que, en 2016, Guatemala tuvo 2 mil 900 nuevas infecciones por VIH y 1.600 muertes relacionadas con esa enfermedad.

“Pese a que la legislación guatemalteca reconoce que el VIH es un problema de urgencia nacional y el Estado debe velar por la salud de sus habitantes, así como adoptar acciones de prevención, atención, tratamiento y apoyo, las autoridades guatemaltecas no han adoptado todas las medidas necesarias para abordar esta problemática, en particular en lo que se refiere a la atención de las personas que viven en zonas rurales”, subrayó la organización defensora de los derechos humanos.

“El desabastecimiento regular en el (estatal) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social obligaba a las personas a suspender sus terapias antirretrovirales provocando el desarrollo de resistencias a los medicamentos, con el consiguiente impacto en su salud y muerte inminente”, relató.

El caso fue planteado en la primera década del siglo XXI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington y otra instancia de la OEA que es un paso previo a la elevación de los procesos a la Corte. La denuncia ingresó en diciembre de 2016 a la Corte, que el 8 de febrero de 2018 convocó a las partes al juicio de hoy.

 

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