Corte ecuatoriana va contra vicepresidente

Solicita permiso al Legislativo para iniciarle proceso por corrupción en caso Odebrecht
Respa ldo. El partido oficialista Alianza País considera positivo avalar el pedido de proceso al vicepresidente Jorge Glas, para mostrar su inocencia. (XINHUA)
24/08/2017
01:55
DPA
Quito
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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador pidió ayer formalmente permiso a la Asamblea Nacional (Legislativo) para procesar por presunta corrupción vinculada al caso Odebrecht al vicepresidente, Jorge Glas.

El presidente del Legislativo, José Serrano, señaló que el caso será analizado el viernes en la tarde, aunque no quedó claro si necesariamente ese día se tomará una decisión.

Glas, quien según un “colaborador eficaz” de la Justicia brasileña usó el cargo de ministro de Sectores Estratégicos en el pasado gobierno de Rafael Correa para obtener millonarios sobornos de Odebrecht a cambio de obras, tiene como vicepresidente derecho a que la Asamblea decida si lo blinda o no del proceso.

Para que la Asamblea autorice el proceso se necesitan los votos de 91 de los 137 legisladores. La oposición, que apoya al “sí”, tiene 63 representantes, por lo que lo determinante será cómo se mueva el partido oficialista Alianza País (AP), con 74 escaños.

Aunque Glas le pidió a sus compañeros de AP que voten “sí”, pues dice que quiere demostrar en un juicio que es inocente, el partido aún no toma una decisión, entre otras cosas, por las percepciones contrarias que tienen sobre el tema sus dos grandes líderes: Correa y el presidente Lenín Moreno.

El ex mandatario defiende férreamente a Glas, considerado su “mano derecha”, y lo presenta como víctima de persecución política, mientras que Moreno despojó a su vicepresidente de cualquier función en cuanto se enteró de las acusaciones en su contra, aunque sin destituirlo, pues eso sólo lo puede hacer la Asamblea.

Según la fiscal que investigó el caso, Lady Diana Salazar, existen 10 indicios sólidos de que el vicepresidente cometió el delito de asociación ilícita, por lo que el asunto ascendió hasta el fiscal general, Carlos Baca, quien lo derivó a la Justicia para que ésta a su vez solicitara el permiso del Congreso. 

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