Buscaron silenciar a diario de Costa Rica por denunciar corrupción: Fiscalía

En un hecho sin precedentes en la historia periodística costarricense, el jerarca de un banco estatal de Costa Rica y un empresario nacional involucrado en una trama de tráfico de influencias para importar cemento desde China, se habrían aliado para tratar de debilitar y silenciar a Diario Extra, uno de los más importantes rotativos de este país, por sus reiteradas denuncias que destaparon uno de los más graves escándalos de corrupción política ocurridos en el siglo XXI en esta nación.

La revelación fue hecha hoy por Diario Extra basado en un documento que la Fiscalía General de esta nación confirmó al periódico su existencia y que decomisó el pasado viernes, en una serie de allanamientos que ejecutó en residencias y en oficinas bancarias para capturar al empresario cementero—Juan Carlos Bolaños—y al jerarca banquero—Mario Barrenechea—junto a cinco altos ejecutivos del Banco de Costa Rica (BCR).

Barrenechea, gerente general suspendido del BCR, y Bolaños están en el corazón de un escándalo que se destapó este año en esta nación con una red de tráfico de influencias y que salpicó a la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a los partidos políticos y a la banca estatal, y golpeó al presidente, Luis Guillermo Solís, y a influyentes miembros de su entorno.

La tormenta, que provocó fuertes pleitos internos en el círculo político del presidente, surgió con préstamos por unos 48 millones de dólares que dos bancos estatales—el Costa Rica y el Popular—concedieron en 2016 a Bolaños para importar cemento chino. El lío, bautizado públicamente como “el cementazo”, desnudó una cadena de privilegios a favor del importador que enlodó a autoridades judiciales, legislativas, gubernamentales, políticas y bancarias.

En un caso de presuntos favores y beneficios que supuestamente permitieron archivar y desestimar indagatorias judiciales sobre “el cementazo”, los costarricenses Celso Gamboa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Jorge Chavarría, fiscal general, fueron suspendidos temporalmente de sus cargos en octubre anterior.

El matutino destacó hoy en su primera plana que el BCR y Bolaños hicieron un “plan para boicotear a Diario Extra”.

Consultado por el rotativo, el abogado costarricense Andrés Pérez, defensor de Barrenechea, se abstuvo de opinar sobre la denuncia. El abogado costarricense Marco Rivero, defensor de Bolaños, negó al periódico que su cliente estuviera interesado en “arremeter” en contra de la prensa nacional

Periodistas del Semanario Universidad, un impreso de la estatal Universidad de Costa Rica, y de crhoy, un diario digital de esta nación, denunciaron el pasado domingo en Canal 15, de ese centro de estudios, que también sufrieron acoso diverso por sus revelaciones sobre “el cementazo”

El plan. En el documento confiscado por la Fiscalía en los allanamientos, que realizó en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (policía técnica) de este país, se definió una “operación estratégica” en el que un “objetivo táctico” fue “debilitar” a Diario Extra. Una copia del documento fue publicado por el periódico y su existencia confirmada por la Fiscalía General.

Una de las acciones propuestas fue denunciar al diario ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que es una de las instituciones que regula el ejercicio del periodismo en este país.

“La idea de debilitar a Diario Extra surge luego de una serie de publicaciones que comienzan a partir de 2015 sobre altos mandos del banco y manejos irregulares en la entidad, los cuales en su momento fueron negados”, y por la importación de cemento chino y los “posibles intereses” detrás de ese millonario negocio, publicó el periódico.

El objetivo principal fue lograr la permanencia de Barrenechea en su cargo, precisó.

El documento definió que “desde las altas esferas bancarias, haciendo uso de recursos públicos”, el BCR y Bolaños planearon desplegar actividades para desprestigiar al medio con demandas judiciales y públicas y ante el Colegio, con desplegados en otros medios de comunicación y con la contratación de un abogado especialista en prensa “que pudiera contrarrestar las publicaciones”, añadió.

También se suspendió la pauta publicitaria del BCR en Diario Extra, un grupo multimedio que es parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización que reúne a gran cantidad de periódicos americanos.

Al respecto, la periodista costarricense Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, advirtió que “si este tipo de acciones se planean desde los mandos más altos de entidades públicas es un golpe no solo a los medios de comunicación, sino a la democracia y al Estado social de derecho”.

“Evidencian la forma indiscriminada en que algunos han venido socavando la libertad de prensa y expresión en un intento de acallar las denuncias, de silenciar, de manipular a la opinión pública y más perverso aún si se hace usando plata del pueblo”, acusó.

Frente a estos hechos, distintas sectores profesionales, sindicales y empresariales advirtieron sobre los riesgos que existen sobre la libertad de prensa y de expresión en Costa Rica y su impacto en el sistema democrático.