“Artículo 155 evitaría una confrontación civil”

Independencia duraría hasta que actúen fuerzas del orden, dice; convivencia de 2 gobiernos en la región sería insostenible, declara
“Muchos países, como Alemania o Francia, cuentan con artículos casi idénticos para defenderse contra quienes alteran la legalidad. El objetivo es frenar una rebelión que pueda llegar a la fragmentación del territorio” (ESPECIAL)
25/10/2017
01:22
Jerónimo Andreu / Corresponsal
Madrid.
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Araceli Mangas Martín, catedrática española de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, expone a EL UNIVERSAL las razones que sustentan la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución española, que permite al gobierno central recuperar temporalmente el control de ciertas competencias con el fin de reconducir la amenaza secesionista.

“Es verdad que será complicado porque la situación ha llegado a una gran tensión, pero ahora no existe otro instrumento para reconducir la situación a la legalidad”, comenta.

Contra las voces que consideran que el artículo 155 representaría una ruptura de la convivencia democrática, defiende que es un instrumento legítimo en casos en que los dirigentes de una región abusan de su poder. “Muchos países, como Alemania o Francia, cuentan con artículos casi idénticos para defenderse contra quienes alteran la legalidad. El objetivo es frenar una rebelión que pueda llegar a la fragmentación del territorio y el enfrentamiento entre ciudadanos, dos situaciones que empujan hacia una confrontación civil”, dice.

La catedrática enumera ejemplos internacionales como el del Úlster (Irlanda del Norte) en el que el gobierno central intervino en el autogobierno de sus regiones para frenar las violaciones de los derechos del conjunto de la ciudadanía del país.

“Los independentistas catalanes usan el argumento de que hay una mayoría de catalanes que quieren la secesión. Eso es más que discutible, pero aunque fuera así, no tienen derecho a salir de la ley. El gobierno estadounidense intervino en su día para frenar leyes de Estados sureños que violaban derechos de la población negra con el argumento de que era la voluntad de la mayoría que suponían los habitantes blancos del Estado”, dice.

Sobre la posibilidad de que los funcionarios catalanes rechacen seguir las órdenes del gobierno central una vez que asuma ciertas competencias autonómicas, se muestra escéptica: “Los funcionarios acatarán las normas porque sus empleos dependen de ello. Los problemas pueden surgir con los altos cargos”.

La peor situación se daría si el presidente Puigdemont declara la independencia catalana en los próximos días. En ese caso convivirían en el mismo territorio dos organismos de muy distintas legitimidad y legalidad: el Estado español y una eventual república catalana. “Sería una situación desastrosa y deberían intervenir la fiscalía y las fuerzas públicas, porque se trata de un delito de sedición”, explica.

Puigdemont podría ser condenado hasta a 30 años de prisión. Para evitar su detención, “el gobierno ilegítimo catalán podría rodearse de sus bases, los antisistemas del partido de la CUP y los militantes de asociaciones como Òmnium o ANC. En ese caso y sólo si esos militantes impidieran el cumplimiento de la ley y perjudicaran los derechos del resto de la ciudadanía, las fuerzas del orden deberían intervenir, de forma proporcionada”, declara.

“Si se declarara la independencia, sería una situación que duraría pocos días, sólo hasta que las fuerzas del orden actúen. Pero es que, aunque la situación se prolongara más tiempo, Puigdemont se vería sin reconocimiento exterior. Podría crear un pasaporte catalán, pero no le dejarían entrar en Francia con él. Sería vivir en la irrealidad, porque su autoridad no tendría ningún fundamento en el derecho interno ni el internacional”, expone.

Una posible coexistencia de dos administraciones paralelas en Cataluña generaría problemas. La república catalana se quedaría sin fondos al serle suspendidas las entradas de dinero del Estado, la tensión en las calles se dispararía, los ciudadanos más independentistas optarán por tributar sus impuestos a la república mientras que el resto, a España. “Sería una situación insostenible y el Estado debe defenderse. No le puede dar miedo aplicar la coacción legítima”, concluye.

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