Acusan a chavistas de “brutalidad” y abusos “perversos”

Al menos 314 venezolanos describieron que fuerzas de seguridad del gobierno de Venezuela desplegadas en Caracas y 13 estados de ese país cometieron brutalidad, tortura y persecución política en su contra entre abril y septiembre de 2017 por ser opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La denuncia fue planteada por Foro Penal, agrupación no estatal venezolana, y Human Rights Watch (HRW), organización no estatal de Washington que monitorea la situación mundial de derechos humanos, en el informe “Arremetida contra opositores: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, del que EL UNIVERSAL tiene copia.

“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, alertó.

Foro Penal y HRW indagaron la violencia política que, de abril a julio de 2017, sacudió a Venezuela con enfrentamientos entre aparatos chavistas de seguridad y agrupaciones opositoras en una disputa callejera que dejó al menos 125 muertos.

El gobierno venezolano siempre rechazó las acusaciones de que violó los derechos humanos de sus opositores. En un agudo conflicto institucional, político y socioeconómico interno con agravada escasez de alimentos, medicinas y artículos de consumo básico, incontrolable inflación, acelerada devaluación, deterioro salarial, masiva migración y tensiones diplomáticas, Maduro acusó al antichavismo de arrastrar a los venezolanos a la violencia.

Brutales. El estudio precisó que “miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales” y que “la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana”.

Agentes de seguridad “detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, hacinaron a los detenidos en pequeñas celdas de confinamiento por periodos prolongados y les negaron acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos”, reveló.

La investigación surgió en vísperas de que chavistas y antichavistas se reúnan mañana y el sábado en República Dominicana en una negociación que, en busca de resolver la crisis, será supervisada por seis cancillerías: México y Chile acompañantes de la oposición y Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas del gobierno. Por problemas de agenda interna, Paraguay, escogido por los opositores, se excluyó ayer de acudir a ese tercer diálogo precedido por dos fallidos, uno en 2014 y otro en 2016.

Desde Madrid, el opositor venezolano Antonio Ledezma pidió al antichavismo que en las conversaciones no se comprometa a ir “al matadero” de unas presidenciales sin reforma del sistema electoral y sin observación internacional. El vicepresidente Tareck El Aissami confirmó ayer mismo que el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección en los comicios de 2018. “Ya nos estamos preparando para un gran triunfo”, dijo.