"Urgen medidas para asegurar que DRO cumplan su función"

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La figura de los directores responsables de obra (DRO) y sus corresponsables debe revisarse cuanto antes para evitar que incurran en omisiones o actos de corrupción como quedó al descubierto con el sismo del 19 de septiembre pasado, señaló Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

En entrevista, el procurador ambiental descartó que se tenga que eliminar dicha figura, pero urgió al gobierno capitalino a emprender acciones para garantizar que los DRO cumplan con su función de vigilar que las obras en construcción en la Ciudad de México se apeguen a las leyes.

Puntualizó que también hay que asegurarse de que estos auxiliares de la administración no caigan en un conflicto de intereses con el propio gobierno central.

“Sí deben seguir existiendo, pero no sé si con el esquema actual, con esa vinculación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). A nivel federal hay esquemas distintos, siempre hay vinculación con la administración pública, pero hay que ver hasta dónde”, expresó a EL UNIVERSAL el titular de la PAOT.

Los DRO no son servidores públicos, sino especialistas acreditados por Seduvi como auxiliares de la administración para supervisar que las construcciones cumplan con los programas de desarrollo urbano y el Reglamento de Construcciones, entre otras disposiciones, y así evitar que los desarrolladores edifiquen inmuebles irregulares, como pisos o viviendas adicionales sin permiso.

Cancino cuestionó que han detectado casos de obras donde la dependencia ha emitido certificados de uso de suelo para permitir edificaciones que no se apegan a la normatividad y los DRO omiten tal situación.

“Hemos encontrado certificados que no cumplen con los programas de desarrollo urbano, le hemos pedido a Seduvi que inicie procedimientos de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en algunos casos lo han hecho, pero quien debería garantizar primero que se cumpla con el programa urbano es el DRO, ellos son de alguna manera representantes de la autoridad y de manera anticipada deberían alertar de algún problema, pero no sucede así”, lamentó.

La figura de los DRO está inmersa en la polémica, luego de casos como el derrumbe del edificio de Zapata 56, colonia Portales, que provocó la muerte a dos mujeres.

El inmueble colapsó con el sismo del 19-S a pesar de ser nuevo y hasta el momento quien fuera el DRO de la obra, Juan Duay Huerta, y el corresponsable en instalaciones, Jaime Smith, enfrentan procesos legales acusados de permitir que el condominio fuera alzado con materiales de baja calidad y con características distintas al proyecto original. Dicha construcción fue realizada por Canada Building Systems de México.

De diciembre de 2012 a julio de 2017, la Seduvi, cuyo titular es Felipe Gutiérrez, había sancionado a 51 directores responsables, a 14 de ellos se les canceló su registro para desempeñar esta labor.

El trabajo de los DRO suele ser pagado por las propias constructoras, lo cual también genera otro potencial conflicto de intereses.

Cancino Aguilar insistió en que debe definirse si es prudente que la Seduvi continúe como el ente certificador de los DRO o podría buscarse otra alternativa, como recurrir a los colegios de profesionistas.

Las violaciones al uso de suelo sigue siendo el principal motivo de denuncias ciudadanas presentadas ante la PAOT: mil 608, de enero a mediados de diciembre de 2017, lo que representa 32.8% del total de quejas.

Falta lista de obras ilegales

La PAOT en conjunto con diversas dependencias del gobierno capitalino han conformado una lista de obras irregulares en las que sus dueños construyeron niveles adicionales, por lo que han sido sancionadas con la demolición de esos pisos.

En el segundo semestre de 2017 la cifra de edificaciones subió de 102 a 133 y en total suman 290 pisos irregulares, informó el procurador ambiental. “Todos estos pisos pudieran ser considerados para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, esto requiere una revisión detallada”, consideró, al plantear una alternativa para la reposición de viviendas de quienes se quedaron sin hogar y para ello, dijo, podría aplicarse la extinción de dominio de las edificaciones ilegales.

Aclaró que es necesario que la Asamblea Legislativa legisle sobre el tema y buscar algún mecanismo para evitar que los particulares sancionados reviertan esta medida al acusar que se les aplica retroactivamente la ley, pues primero fueron sancionados con el derribo y luego se modifica para que deban entregar los inmuebles a los damnificados.

Sobre los 133 expedientes de obras con pisos de más, la PAOT ha solicitado a la Seduvi sanciones para 18 directores responsables de obra, que están en proceso.

Ante el problema de las obras ilegales, Cancino dijo que este año darán a conocer un reporte sobre las fallas en ordenamiento territorial, para abrir la discusión sobre su cambio.