Tarango: Encrucijada de la urbanización de un pulmón verde

En el poniente de la Ciudad de México se ubica el Bosque y la Loma de Tarango, un área natural cuya extensión es equiparable a la primera sección de Chapultepec, a 1.6 veces el Bosque de Aragón o 375 canchas del Estadio Azteca, en la cual el gobierno de la Ciudad de México y propietarios de la mitad de este “pulmón” alistan un proyecto para construir vivienda e infraestructura en 20% de los terrenos con la promesa de mejorar la superficie restante y crear un parque; sin embargo, ha generado la oposición de vecinos y ex funcionarios que advierten un impacto negativo al ambiente.

La zona en cuestión mide más de 267 hectáreas. En 2009 en la administración de Marcelo Ebrard fue declarada Área de Valor Ambiental (AVA) para evitar su urbanización, aunque casi al mismo tiempo se iniciaba la construcción de la Supervía Poniente que ha traído consigo la construcción de varios edificios de lujo.

En los últimos meses estalló la polémica. Grupos de vecinos de la delegación Álvaro Obregón denunciaron que con el proyecto de desarrollo urbano que alista la administración de Miguel Ángel Mancera se acabará con la zona de Tarango.

No obstante, hay una disyuntiva porque más de la mitad de la zona es propiedad privada y cerca de 30 dueños reclamaron su derecho a edificar, puesto que se ampararon entre 2011 y 2012 contra el AVA con el argumento de que esa declaratoria equivalía a “expropiar” sus inmuebles sin que fueran indemnizados.

El proyecto se ha denominado Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) Álvaro Obregón, cuyo objetivo ha sido sentar en la mesa a autoridades, propietarios y especialistas para crear un plan de urbanización a largo plazo que concilie tanto el interés de los dueños como la preservación de las barrancas y el bosque.

El gobierno capitalino no ha transparentado los avances del plan, pero entre la polémica, Antonio Hernández, uno de los propietarios de la loma de Tarango, arroja luz al tema.

“El SAC permite nada más desplantar viviendas en 20%, únicamente, quiere decir que de las 267 hectáreas, [más de] 210 van a permanecer como bosque y bien cuidado”, afirmó el también representante de la inmobiliaria Águila Real SA de CV.

Ese 20% equivale a cerca de 53 hectáreas donde se desplantarían construcciones, una vialidad de acceso, así como espacios deportivos, culturales, plantas de tratamiento de agua, entre otros.

A su vez, el gobierno capitalino hará un parque en 27 hectáreas de terreno que pertenece a la administración pública.

Antonio Hernández agregó que durante décadas han trabajado junto con asociaciones civiles para reforestar la zona, pero se requiere mayor inversión, puesto que cada vez hay más erosión y dice que la Loma de Tarango, donde se pretende construir, “está pelona, ya no tiene árboles.

“Mediante esta acción del gobierno se va a lograr que esas 210 hectáreas sean un pulmón para la ciudad, actualmente no lo es”, sostuvo el también vecino de la zona, quien aseguró que los dueños duplicarán los 175 mil árboles que hay en Tarango además de hacer pozos de absorción.

Expuso que con el SAC se creará un fideicomiso público-privado, en el que se administrarán los recursos que destinarán los particulares y autoridades para mejorar las barrancas; sin embargo, dijo desconocer el monto que se podría reunir en esa bolsa.

En un recorrido por el área natural de Tarango, se observó que existen zonas boscosas pero también áreas erosionadas con escasa vegetación. En sus límites está bordeada por la supervía Poniente, por colonias populares como El Queso, Puerta Grande, Tlacuitlapa y también residenciales como Bosques de Tarango, Lomas de las Águilas, que le han ganado terreno al área verde con el paso del tiempo; en un extremo está la presa Tarango, a donde llegan las aguas residuales de estos asentamientos. La gente acude a correr, a hacer ejercicio e incluso escuelas traen a sus alumnos a pasear a estos terrenos, donde hay una pequeña laguna.

En el otro extremo de la discusión se encuentran vecinos que se oponen a la urbanización mediante el SAC, que contempla 268.81 hectáreas y no 267, como el AVA.

“Esta zona es imprescindible, si se empieza a urbanizar se perderían muchas cosas, el agua al acuífero se absorbe aquí”, dijo Carlos Nader, del movimiento Soy Obregonense.

“¿Por qué no pensar mejor en un Chapultepec para Álvaro Obregón?, no estamos en contra de las constructoras, sino que también hay un problema de movilidad y se habla de hacer 15 mil viviendas, es una locura”, agregó Nader. Expuso que la Supervía Poniente, construida por la gestión de Marcelo Ebrard, El Puente de los Poetas, Centenario, entre otras vías principales están colapsadas por el aumento de construcciones en torno a estas vías, así como en Santa Fe.

Pleito legal

En julio de 2009 entró en vigor el decreto de protección como Área de Valor Ambiental para 267.91 hectáreas de Tarango, impulsado por Marcelo Ebrard y la ex secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado.

Al año siguiente se publicó un plan de manejo, en el cual se llama a preservar el área por su importancia para la recarga de los mantos acuíferos y por tener más de 50 especies de flora y fauna.

El AVA abarcó 141.81 hectáreas que son terrenos de privados, por lo que al menos 27 propietarios tramitaron y ganaron amparos ante tribunales colegiados que resolvieron que la declaratoria del gobierno no aplica a sus terrenos. “Ante un juez expusimos que estaban declarando mi terreno como AVA, lo que equivale a una expropiación y si no me van a pagar la expropiación, no estoy de acuerdo”, recordó Antonio Hernández.

En septiembre de 2011 y octubre de 2012 la administración capitalina acató las sentencias y derogó el AVA para dichos terrenos, propiedad de particulares y de empresas como inmobiliaria Águila Real SA de CV, Inmobiliaria Delva, SA de CV y Corredor Tarango SA de CV.

Los vecinos inconformes y la ex secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, han conformado una oposición, “puesto que con el SAC están cambiando el uso de suelo de facto” en Tarango, de acuerdo con la ambientalista.

Carlos Nader, del colectivo Soy Obregonense, expuso que a pesar de los amparos de los dueños “el uso de suelo de los predios se quedó como área verde, no pueden hacer edificios” y en ese sentido propuso que el gobierno analice expropiar o brinde otros terrenos a los particulares para que puedan construir.

A su vez, los opositores tramitaron un juicio denominado acción colectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México con la intención de derogar el SAC Álvaro Obregón.

El propietario Antonio Hernández expuso que el SAC funcionará como un árbitro para que los dueños no hagan lo que quieran y se pueda llevar a cabo un proyecto de construcción ordenado y sustentable e incluso se ha conformado un cuerpo colegiado con expertos de la UNAM, IPN, Colegio de Arquitectos, entre otras instancias para hacer estudios de impacto urbano, ambiental y otros para este fin.

Manuel Ontiveros, ambientalista de la organización Vive Tarango AC, quien ha cuidado la barranca por 20 años, dice que lo ideal es preservar un gran bosque; sin embargo, eso requiere mucho dinero y el SAC podría ser la alternativa para rescatar un bosque que “está enfermo”, puesto que 30% de los 175 mil árboles tienen alguna plaga.

Poca transparencia

El gobierno capitalino publicó un acuerdo el 30 de junio en el que autorizó su propia participación en el SAC Álvaro Obregón, el cual aún no está constituido formalmente.

Desde entonces la administración capitalina casi no ha tocado el tema. Un ejemplo es la respuesta de la Seduvi el 25 de agosto pasado a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, para conocer los planos o mapas que muestren la delimitación del área del SAC.

A pesar de indicar que abarca 268.81 hectáreas, la dependencia dijo estar “imposibilitada a la fecha para otorgar documentos que no existen, que no se han generado a reserva de que puedan o no existir en un futuro”, y argumentó que no existe porque el Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) no se ha constituido formalmente.

El 9 de julio pasado Felipe Gutiérrez, titular de la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), dependencia que coordina el proyecto, justificó a EL UNIVERSAL que el proyecto se hace para prevenir un desarrollo desordenado. Se solicitó de nueva cuenta la versión de la Seduvi, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.