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La delegación Benito Juárez solicitó al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México autorizar la demolición del condominio de Saratoga 714 y revocar el amparo que impide esta acción, debido a que el inmueble representa un alto riesgo para los vecinos luego de quedar semicolapsado por el sismo del 19 de septiembre.

A través de un oficio, en el cual contestó a los requerimientos del juez como parte del juicio de amparo, la demarcación aportó documentos y fotografías para justificar la urgencia de la demolición prevista para iniciar el jueves pasado, pero que se detuvo por un recurso legal otorgado a una de las habitantes del edificio.

“Toda vez que existe inminente riesgo de colapso del inmueble objeto del juicio constitucional, predios colindantes y aledaños, es que solicito se valore de nueva cuenta la concesión de la [medida] cautelar y se niegue la misma”, pide la Dirección Jurídica de la demarcación a través de su contestación fechada y recibida por el juez el 9 de noviembre pasado.

De acuerdo con el documento, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, el Juez Noveno de Distrito requirió, entre otras cosas, saber si se llevan a cabo trabajos de mitigación de riesgo, mostrar si hay algún dictamen que constate el riesgo del inmueble, además de exponer las medidas que se toman para garantizar la seguridad de los vecinos.

En tiempo y forma, la demarcación detalló que las medidas de mitigación corresponden a la demolición, debido a que en el edificio se colapsaron los dos niveles inferiores y el resto se recargó en la casa marcada con el número 720, que “podría ceder” y caer, lo que ocasionaría “un efecto dominó” hacia otros inmuebles cercanos.

La delegación, encabezada por Christian von Roehrich, indicó que hay dos evaluaciones post sísmicas y un dictamen del corresponsable en seguridad estructural, David Esteban Chávez, autorizado por la Seduvi, quien determinó necesario el derribo.

Además, el 25 de octubre la Procuraduría capitalina emitió un oficio en el que autoriza la demolición y a partir de ello la delegación emitió una orden de ejecución el 30 de octubre.

La demolición se haría desde el martes pasado, pero habitantes y autoridades acordaron dar un par de días más para que los vecinos realizaran un peritaje independiente de los materiales del condominio, pues temen que haya sido afectado desde meses previos por las vibraciones de una demolición que llevó a cabo una constructora en el predio contiguo.

La demolición se retomaría el jueves, pero una habitante obtuvo la suspensión provisional por considerar que no se les notificó a tiempo.

Von Roehrich afirma que en el dictamen estructural se habría determinado que la demolición en meses anteriores no afectó al predio.

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