La resolución es inapelable; Moreno enfrentará proceso penal

13 AÑOS lleva el juicio de amparo contra la demarcación, que ahora repercute en la actual administración
08/11/2017
01:02
Diana Villavicencio
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La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es inapelable y por lo tanto el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, tendrá que enfrentar el proceso penal por desacato a un juicio de amparo.

Ahora le corresponde al máximo tribunal notificar la resolución a la Procuraduría General de la República (PGR), instancia que se encargará de detenerlo y presentarlo ante el juez federal que designe la Corte.

Debido a que no se trata de un delito grave, el impartidor de justicia será el encargado de fijar la fianza correspondiente, si es que la solicita el acusado, para enfrentar el juicio en libertad.

El proceso que data de hace 13 años y que no logró resolver ningún jefe delegacional, ahora repercute en contra de Israel Moreno, quien en las próximas horas tendrá que dejar el cargo y será el director Jurídico de Gobierno el que asuma como encargado del despacho.

Una situación diferente es la que enfrenta el ex delegado y hoy diputado local, José Manuel Ballesteros, a quien la Suprema Corte solicitó su consignación, por el imcumplimiento del juicio de amparo de un laudo laboral.

La SCJN deberá enviar una notificación a la Asamblea Legislativa de la situación en que se encuentra el diputado local del PRD, esta instancia, a su vez, se encargará de informar del juicio penal que es objeto el asambleísta para que instale una comisión que dé pie al desafuero.

La Constitución Política estipula claramente que quien viole un amparo, sobre todo si es servidor público, indudablemente será destituido del cargo.

La separación de funciones de cualquier servidor público local está contemplado en el Estatuto del Gobierno de la Ciudad de México.

El artículo 108 refiere la facultad que tiene la Asamblea, a propuesta del Jefe de Gobierno o de los diputados, la permisibilidad para remover a los jefes delegacionales.

Los criterios para una remoción van desde omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública hasta la afectación del orden público.

Ayer el propio diputado José Manuel Ballesteros comentó que se encuentra tranquilo de la resolución del máximo tribunal y que la enfrentará con la cara en alto, pues aseguró que no es responsable del incumplimiento que se le acusa.

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