Endurecen reglas para transporte público de CDMX

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El próximo año el transporte público colectivo, que incluye al individual, deberá acreditar que cuenta con cámaras de seguridad en las unidades y que todos los conductores tienen por lo menos cinco años de experiencia para conducir.

En promedio, en la capital del país hay 35 mil unidades de transporte público, 140 mil taxis, mil unidades de M1, 250 de transporte eléctrico y Metrobús, donde hay corredores que ya tienen cámaras.

Lo anterior fue anunciado por el secretario de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), Héctor Serrano, quien adelantó que este sistema de seguridad en el transporte contará con una especie de “caja negra” que permitirá se quede grabado cualquier ilícito que se cometa al interior o al exterior de la unidad.

En entrevista, después de reunirse con diputados locales, Serrano explicó que las cámaras de videovigilancia —cuyo costo irá por cuenta de los concesionarios— contarán con un dispositivo que tendrá la dependencia capitalina y que será monitoreado a través del C4.

Confirmó que estas acciones están contempladas en el Reglamento de Movilidad que será publicado el próximo 30 de agosto.

Este lunes, la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa, Francis Pirín, informó que el reglamento será el que definirá las características del transporte público e incluso hará posible la regulación de los bicitaxis.

Sobre la experiencia mínima de cinco años que deberán tener los choferes, Serrano expuso: “La pericia no se adquiere a los 18 años de edad, requerimos que de aquí en adelante para obtener la licencia de transporte público colectivo o cualquier modalidad, que incluye lo individual, cumplan este requisito”.

Detalló que existe un enorme rezago de lo que no se hizo en anteriores administraciones, de ahí que el actual Gobierno capitalino tuvo que tomar decisiones no populares pero sí necesarias.

Puso como ejemplo el programa de conversión a taxis eléctricos, el cual representa una decisión que no tiene vuelta de hoja, ya que se apega a los estándares internacionales.

A tres días de que inició el periodo escolar 2018-2019 y luego de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, asegurara que habrá mayor control del transporte escolar irregular, Serrano informó que se buscará la forma de que el monto por este servicio se cargue a la utilidad de las escuelas y no a los padres de familia: “Esa es la parte que no hemos logrado con las escuelas privadas”.

Comentó que el transporte escolar en algún momento se pretendió implementar no como un negocio sino como la posibilidad de complementar un servicio educativo: “No ha habido respuesta por parte de las escuelas y es un tema que debe volverse a plantear, sin acreditar un costo adicional a las familias”.

Lo que sí desechó por completo es el implementar transporte público para las escuelas oficiales. Económicamente, recalcó, no se puede porque se requiere una infraestructura que ahora no se tiene.