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En riesgo 40 plazas de ambulantes

Secretaria de Gobierno informó que algunos lugares tienen adeudos de hasta 70 mdp por predial y agua, además de que otros establecimientos les dan otro uso
La secretaria de Gobierno, Patricia mercado, reveló que algunos de los líderes de los comerciantes han planteado que se les permita adquirir los predios en donde están construidos los centros comerciales; petición que no piensan autorizar. (Foto: IVÁN S)
28/12/2017
04:10
Phenélope Aldaz
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El próximo año, más de 40 plazas comerciales ubicadas en el Centro Histórico deberán renovar el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) bajo el cual operan, no sin antes cubrir los adeudos millonarios que acumulan en predial y agua.

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, informó que actualmente se tienen 53 plazas comerciales, de las cuales siete obtuvieron su permiso bajo la actual administración; las otras 46 corresponden al periodo 2008-2012.

Detalló que de los siete nueve permisos, dos se otorgaron en 2014, dos más en 2015 y los tres restantes este año. Este programa inició bajo la administración de Marcelo Ebrard, como parte del programa de liberación de las calles del Centro Histórico, del comercio ambulante.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Patricia Mercado aseguró que desde el año pasado y previendo que los permisos vencerían, se contempló una inversión inicial de 100 millones de pesos para la rehabilitación de las plazas.

Sin embargo, se encontraron distintas irregularidades: plazas que funcionan como bodegas, estacionamientos, oficinas; sitios en donde sólo ocupan un piso o en ocasiones dos, para el comercio, así como la falta de pago del predial y el suministro de agua, por casi una década.

“Lo importante no es que paguen todo lo que deben, porque son millones y millones de pesos, entre estas plazas tendríamos entre 60 y 70 millones de pesos de deuda. No los van a pagar, se quieren regularizar, y tampoco los vamos a sacar a punta de violencia. Más que pensar que van a pagar, los vamos a regularizar”, afirmó.

Mercado Castro precisó que como parte de las negociaciones para que obtengan la renovación de los PATR, se buscó concretar una condonación de más de 90% en el adeudo, por lo que sólo tendrán que cumplir con un pago menor “y están dispuestos”.

“De la otra forma están en la inseguridad, no podemos hacer ninguna inversión y no pueden estar en la calle, sobre todo en el perímetro A [del Centro], en el B se comparte responsabilidad con el gobierno delegacional. Esa es la política y no ha sido fácil”, enfatizó.

Rescate

La funcionaria capitalina indicó que algunos de los líderes, de las 100 organizaciones de comerciantes que controlan las plazas, han planteado que en lugar de una renovación del PATR, se les permita adquirir los predios. “La respuesta es no porque se vuelve propiedad privada y estas plazas son una política social para el comercio popular”, advirtió.

Además, señaló, al mantener la propiedad de los inmuebles y ante la prohibición de que el comercio se instale en calles del Perímetro A, el Gobierno los puede obligar a que se mantengan dentro de las plazas. “Les hemos dicho que el consumidor, el visitante, va a entrar a las plazas si no están afuera”, apuntó.

Patricia Mercado señaló que los comerciantes se quejan de que se les otorgaron los permisos para operar las plazas pero no se les da mantenimiento y argumentan que al estar ellos a cargo, tienen autonomía en su gestión.

Ante ello y al tratarse de un permiso, la opción que brinda el Gobierno es que “ocupan las plazas para lo que quedaron o nos las regresan vemos que a otros grupos puede interesarles”.

La secretaria de Gobierno dijo que con quienes se ha avanzado en las negociaciones de renovación del PATR, se trabaja en conjunto para concretar las rehabilitaciones, trabajos en los que se destinarán los primeros 100 millones de pesos.

Destacó que en conjunto con el Fideicomiso del Centro Histórico, se tienen listos ya los primeros proyectos, los cuales se tiene contemplados iniciar en enero del próximo año, para concluir en el mes de agosto.

Uno de ellos corresponde a la plaza ubicada en República de Argentina 95, para el cual se destinarán 11.7 millones de pesos. El otro se ubica en Santísima 5 —incluyendo a la Asociación de Comerciantes Ambulantes fijos y semifijos de Jesús María, Zapata, Santísima, Guatemala, Loreto y Mixcalco— con una inversión de 8.3 millones de pesos.

Asimismo, reconoció que concretar la regularización de estos sitios y que se renueven sus permisos no será una tarea sencilla, sobre todo cuando ya ha iniciado el proceso electoral. Pese a ello, advirtió que “este gobierno se va el 5 de diciembre, ellos se arriesgan a quedarse en el limbo”.

Corregidora

Otra de las zonas donde el Gobierno de la Ciudad de México no ha logrado concretar el retiro de ambulantes es en la calle Corregidora, debido, según explicó la funcionaria, a que un tramo de ésta se encuentra bajo responsabilidad de la delegación Venustiano Carranza.

En diciembre de 2015, la Autoridad del Espacio Público (AEP) emitió una licitación pública nacional para realizar trabajos de rehabilitación de dicha calle, para convertirla en un paseo semipeatonal —con imagen similar a la calle 16 de septiembre— que conecte a la plancha del Zócalo capitalino con la Cámara de Diputados.

Aunque los trabajos ya concluyeron, Corregidora se mantiene ocupada por los denominados “toreros” en el tramo correspondiente al perímetro A del Centro, que va del Zócalo hasta Circunvalación; mientras que de Circunvalación hasta Congreso de la Unión, perímetro B, se encuentra completamente ocupada por vendedores ambulantes.

La funcionaria comentó que en este caso se ha planteado ocupar un predio que se ubica en las inmediaciones de Corregidora; sin embargo, este se encuentra bajo custodia del Congreso por lo que primero sería necesario que se desincorpore a favor del Gobierno capitalino, para convertirlo en un mercado.

Insistió que pese a estas propuestas, “el gobierno delegacional no ha permitido que levantemos a esta gente en Corregidora. En el perímetro A, no se puede mantener [el comercio]; el perímetro B tiene que ver con los gobiernos delegacionales, ahí no está prohibido el comercio en vía pública”.

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