En Asamblea, informales piden instituto que atienda a trabajadores no asalariados

Comerciantes informales

entregaron a la Asamblea Legislativa la primera propuesta de iniciativa de Ley de los Trabajadores No Asalariados de la Ciudad de México que contempla la creación de un instituto o dependencia que atienda exclusivamente a este sector, pues hasta el momento, expresaron, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) no ha dado ninguna solución.

Apostados en las escalinatas del recinto de Donceles y Allende, los informales reiteraron la necesidad de que en esta iniciativa de ley se contemplen medidas como el pago a tesorería por el uso de la vía pública y que éste sea bimestral y no podrá exceder dos salarios mínimos.

Mayolo Juan Martínez, presidente del Nuevo Grupo de Comerciantes Ambulantes Democráticos , de las calles de Moneda, Academia y Zapara, consideró indispensable que se establezcan de inmediato mesas de trabajo para elaborar la ley secundaria del comercio ambulante.

Llamó al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, a no permitir que los comerciantes nuevamente queden en el olvido y marginados. Muchos de ellos, recordó, son indígenas.

Juan Martínez reiteró la disposición de los trabajadores no asalariados de mantener conservado y limpio el espacio y la vía pública.

“Las autoridades capitalinas deberán erradicar la desigualdad, la discriminación social, económica, cultural y política entre las asociaciones civiles, grupos empresariales y el resto de la sociedad”, dijo.

Mencionó que el Estado tiene la obligación de extender los regímenes de seguridad social sin distinción, además de vivienda como está estipulado en la Carta Magna.

“Si ahorita no empezamos la discusión, lo más seguro es que aprueben una ley con visión de gobierno o de partidos que nos llevaría a no tener una legislación adecuada para que podamos trabajar y se sigan violando nuestros derechos”, coincidieron los líderes Mayolo Juan y Max Correa.

Dentro de la propuesta, los comerciantes piden que el Jefe de Gobierno en turno, así como los alcaldes respeten la autonomía de cada asociación civil, su forma de administración y las zonas de trabajo.

Además de que se deberá dar seguimiento a cada una de las denuncias sobre violaciones a sus derechos humanos y, lo más importante es que respeten a los integrantes de estas asociaciones que pertenezcan a un pueblo indígena.

jlcg