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Dueños y ex empleados de verificentros acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para presentar una queja por la violación a sus derechos laborales y a un medio ambiente sano, entre otras, tras la suspensión de las verificaciones vehiculares que hizo el gobierno capitalino durante seis meses.

De acuerdo con los manifestantes, la salida de operación y el término de las concesiones de 74 verificentros dejó sin empleo a más de 2 mil 500 trabajadores y una pérdida de 20 millones de pesos en equipo e instalaciones por cada centro de verificación.

“El otorgamiento de las nuevas concesiones ha dejado mucho que decir porque no ha sido transparente, han sacrificado el empleo de más de 2 mil 500 trabajadores y las necesidades de sus familias, además han hecho perder más de 20 millones de pesos en inversión a los accionistas de cada verificentro, es el daño patrimonial que nos ocasionan”, comentó Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación.

Acompañados por la Asociación Ecológica de Verificación, señalaron que el gobierno de la Ciudad no respetó las resoluciones de amparo, emitidas en noviembre de 2017, que impedían la suspensión de operaciones en cinco verificentros, ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

“Existen cinco suspensiones, en las cuales la autoridad ha sido omisa en respetarlas... Se promovió lo conducente para exigir a través de juzgados de distrito que se cumpla con lo que ordenaron y, por lo cual, en su momento podrán ser hasta acreedores de una sanción”, expusieron.

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