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El proceso de destitución del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, no es un pleito entre políticos sino un asunto legal, por lo que no se cederá en la Asamblea Legislativa por el simple hecho de que el morenista se auto exonere.

Así lo advirtió el vicecoordinador del PRD en el órgano legislativo local, Raúl Flores, quien expresó que la remoción de Salgado es un clamor popular de los vecinos de Tláhuac.

“No hay cómo decir que la administración de Salgado no contrató familiares de El Ojos ni tiene argumentos para decir que no utilizó personal y recursos de la propia delegación para construir su restaurante ‘La carreta del Pacífico’”, precisó el perredista.

Flores reiteró que se trata de un asunto legal donde Morena se equivoca porque no escucha a la gente de las delegaciones Tláhuac, Tlalpan ni de ninguna de las demarcaciones que gobierna, por ello, su caída en las preferencias electorales es estrepitosa.

“Rigoberto Salgado declara que no hay razón de seguir el proceso de destitución en un contexto muy complicado, junto con Claudia Sheinbaum, que ha sido muy cuestionada, tratando de disfrazar la animadversión que generan sus administraciones entre la población”, precisó el perredista.

El asambleísta puso como ejemplo que basta visitar la delegación Tláhuac para darse cuenta que Salgado Vázquez está en el sótano del aprecio social por su falta de compromiso con los desaparecidos, con los problemas derivados del sismo del pasado 19 de septiembre y con el crecimiento de la delincuencia durante la gestión del morenista.

“Me parece que es sumamente irresponsable preferir gastar millones de pesos en un festival de muertos, que canalizar todos esos recursos a apoyar la reconstrucción de esa demarcación”, manifestó.

Durante el Foro “La vulnerabilidad urbana de la Ciudad de México ante los sismos, grietas y hundimientos del suelo”, Flores García expuso que Rigoberto fue el único que no veía la operación de la banda de El Ojos, ni escuchó junto con Martí Batres, dirigente de Morena en la Ciudad de México, la súplica que realizaron los familiares de las personas que han desaparecidos o han sido víctimas de esa banda delincuencial.

Además agregó que todavía está vigente la acusación en contra del morenista, en el sentido de que benefició a personas que lo apoyaron con recursos para ganar la elección de 2015, con la asignación de obras públicas en la delegación.

Asimismo, comentó que se trata, de contratos que superan los 25 millones de pesos, mismos que ahora se necesitan para reconstruir casas y rehabilitar escuelas.

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