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Un año antes de que se le vinculara con la organización delictiva de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, solicitó un amparo ante una posible detención.

De acuerdo con el expediente 426/2016 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la solicitud de amparo fue presentada el 18 de mayo de 2016.

El recurso fue promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública ante una posible orden de aprehensión, detención o arresto.

El argumento presentado fue una violación a sus derechos previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Mexicana.

Para el 30 de mayo del año pasado el juez negó la suspensión solicitada; el 7 de junio el juicio fue ante falta de materia en el caso.

Rigoberto Salgado rindió protesta como jefe delegacional en Tláhuac el 1 de octubre de 2015; es decir, el recurso legal señalado fue presentado tan sólo siete meses después de haber asumido el cargo.

Apenas este lunes un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) cesar toda filtración de información sobre operativos, detenciones, actuaciones e investigaciones que estén relacionadas con el jefe delegacional.

También se solicitó a la PGR los informes necesarios para que este jueves 17 de agosto la juez federal determine si concede o no la suspensión definitiva, ante la posibilidad de que sí hayan existido filtraciones por parte de la dependencia hacia los medios de comunicación.

Tras el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, Rigoberto Salgado fue vinculado al criminal. Ante ello, el 2 de agosto pasado el titular de la delegación Tláhuac fue citado a comparecer ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, donde negó cualquier tipo de nexo con el capo.

En su defensa declaró entonces: “Esto es un asunto político, hay el interés de destruir la presencia de un partido [Morena] difamando al jefe delegacional. Quiero decirles que Tláhuac tiene paz más allá de los cuestionamientos subjetivos”.

Además del amparo promovido en 2016, las primeras indagatorias en el caso han encontrado otro expediente, el cual, de comprobarse, podrían llevar a Salgado Vázquez a ser inhabilitado para ocupar algún cargo público.

En el Juzgado Primero Civil, en La Piedad, Michoacán, el 18 de febrero de 2014 Rigoberto Salgado Vázquez inició el juicio de sucesión testamentaria en contra de Rigoberto Salgado Sánchez.

Sobre ello, el 24 de mayo de 2014 el juez declaró como único y universal heredero de todos los bienes que en vida le correspondieron a Rigoberto Salgado Sánchez a su hijo, Rigoberto Salgado Vázquez.

En caso de que dicha herencia no haya sido notificada en la declaración patrimonial del jefe delegacional en Tláhuac —línea hacia donde se dirigen las investigaciones— caería en una falta administrativa con una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la inhabilitación en el cargo.

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