Contraloría investiga inmuebles colapsados

Detectaron posibles irregularidades en los permisos; procuraduría local tiene 15 denuncias por fraude, asegura
Eduardo Rovelo, Contralor de la Ciudad de México, reveló que el Laboratorio de Obras, hasta el 23 de octubre, revisó 3 mil 833 inmuebles y atendió a 113 mil 61 personas. (CAMILA MATA. EL UNIVERSAL)
25/10/2017
01:03
Diana Villavicencio
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La Contraloría General de la Ciudad de México notificó que ya se dio inicio a ocho expedientes de investigación relacionados con siete inmuebles que probablemente hayan presentado alguna irregularidad administrativa en el proceso de construcción durante el periodo 2013-2017 y que resultaron colapsados durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

En la lista anunciada por el contralor Eduardo Rovelo Pico se encuentra San Antonio Abad 66, Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, Insurgentes Norte 1260, Rancho Tamboreo 11 y 19, calzada de las Brujas 34 y 40.

“Vamos a auditar, revisar y fiscalizar en todas las entidades, dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones que tienen que ver con construcciones. La instrucción es llevar a cabo una correcta transparencia de todo”, comentó.

Además informó que ya se dio conocimiento a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) de por lo menos 15 denuncias directas por presunto fraude de un universo de casi 2 mil averiguaciones previas relacionadas con el cobro de cheques bajo la hipótesis de haberse liberado a favor de personas que ocupaban bodegas, domicilios no localizables e incluso predios en construcción.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, el funcionario local argumentó que la Contraloría implementó un programa estratégico para verificar la actuación de servidoras públicas involucradas en posible responsabilidad administrativa, gestión, autorización, verificación y vigilancia en materia de construcciones.

En ese sentido, el asambleísta del Partido Verde Ecologista, Fernando Zárate, cuestionó que en el caso de la delegación Tlalpan, donde el Colegio Enrique Rébsamen colapsó y se perdieron vidas humanas ¿quién es responsable de esa tragedia?

“Lo diría de la siguiente manera: Todos, y cuando somos todos es nadie. ¿A quién le corresponde la verificación del uso de suelo? ¿Al Invea? ¿A quién le corresponde en materia de construcciones específicas de materiales y la verificación? ¿A la Delegación Tlalpan? Si es una construcción de más de 5 mil metros cuadrados, ¿a quién le corresponde? ¿A la Seduvi?”, comentó.

En respuesta, Rovelo garantizó que será revisada la participación de todos los servidores públicos que puedan tener alguna responsabilidad por lo que ocurrió en esta tragedia.

Desde la tribuna, refirió que por parte del Laboratorio de Obras se han revisado, hasta el 23 de octubre, 3 mil 833 inmuebles con atención; además se ha proporcionado atención a 113 mil 61 personas.

Como una política de transparencia y rendición de cuentas, detalló que hasta este lunes se han entregado 21 mil 447 cheques, 32 de ellos devueltos, se han verificado 21 mil 447 inmuebles y se han detectado 8 mil 826 inconsistencias a la vista.

Argumentó que con el Laboratorio se ha logrado favorecer la vigilancia y la supervisión en el ejercicio de los recursos públicos al implementar las mejores prácticas en el combate a la corrupción.

“Por primera vez esta administración instrumenta verificaciones mediante pruebas científicas en diversos materiales que se utilizan en las obras públicas lo que permite optimizar y transparentar los recursos, principalmente con la encomienda de brindar la seguridad”, expresó.

Por ello, aprovechó para solicitar a los diputados locales una ampliación presupuestal de este laboratorio para contar con una plantilla más robusta e incluso para poder verificar las obras privadas que existen en la Ciudad de México.

Ya sin quórum, el contralor escuchó la preocupación de la bancada del PRI que algunas de las afectaciones derivadas del sismo puedan ser consecuencia de actos de corrupción.

“Velamos porque se cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad, honradez y transparencia que debe seguir cualquier administrador público, por lo que cada paso deberá ser destinado para los objetivos para los cuales han sido presupuestados en la Ciudad de México”, precisó Adrián Rubalcava.

El partido Morena, a través de la asambleísta Flor Ivonne Morales Miranda, reclamó al contralor que el Gobierno capitalino haya comprado alertas sísmicas pero éstas desaparecen o se quedan en bodegas.

La legisladora aprovechó para señalar que de acuerdo con las propias cifras de la Contraloría, de 2015 a 2017 se aplicaron 2 mil 721 sanciones; sin embargo, sólo hubo 87 destituciones, una cantidad mínima en comparación al número total de los funcionarios corruptos de la ciudad.

“Esa situación debe cambiar, sobre todo ante la innumerable cantidad de edificios derrumbados como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre, pero también como resultado de los negocios entre el gobierno y las inmobiliarias”, de ahí que pidió mano firme para actuar y deslindar las responsabilidades en que hayan incurrido las constructoras y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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