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El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, solicitará a todas las organizaciones vinculadas con personas con discapacidad digan cómo fueron tomadas en cuenta para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México.

Minutos después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatiera respecto a si la Constituyente cumplió con la obligación de llevar a cabo consultas públicas a indígenas y personas con discapacidad, Encinas se congratuló de que los ministros acreditaran que se cumplió con el requisito: “Haremos llegar la información de todas las iniciativas ciudadanas, el registro de audiencias públicas y todo el material necesario que comprueba que el tema de discapacidad estuvo desde el proyecto inicial y los ministros puedan tomar decisiones bien centradas”.

Sostuvo que los primeros cinco temas que discutió la Suprema Corte favorecieron a la Constitución, pues en esta votación avanza todo el reconocimiento al desarrollo de inclusión en el tema de las personas con discapacidad.

Resaltó que los ministros aprobaron la acreditación de lo vinculado con la consulta a los pueblos, barrios  originarios y comunidades indígenas residentes, así como en el caso específico de las personas con discapacidad.

En redes sociales, ex constituyentes como Porfirio Muñoz Ledo recordaron a los ministros el escrito presentado de la participación de personas con discapacidad.

Camerina Robles, promotora de los derechos de estas personas, habló de las más de 16 mil firmas recolectadas sobre la discusión de los artículos de la Constitución local.

El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, Manuel Granados, confió en que la determinación de la Corte ratificará la Constitución capitalina: “Los miembros de la Corte darán la razón a los habitantes de esta metrópoli que, como ninguna otra en el país, demostró en la redacción de su Carta Magna el interés por los asuntos de carácter común“.

En tanto, ciudadanos como Bernar Rodolfo Flores Guerrero consideran que no hubo una debida consulta a los pueblos indígenas: “El Congreso de la Unión, el Presidente de la República, el Instituto Nacional Electoral, el jefe de Gobierno y la Asamblea Constituyente se abstuvieron de dar cumplimiento a sus obligaciones previstas en la Constitución y, por tanto, transgreden y violentan los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Ciudad de México”.

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