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El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para expedir la Ley Orgánica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la cual se busca profesionalizar a los servidores públicos y erradicar prácticas de malos tratos e ineficiencia en trámites.

Desde tribuna, el secretario de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Jorge Romero, detalló que una vez promulgada esta ley los titulares de los órganos de control de las dependencias y demarcaciones serán sujetos a capacitación continua y a certificación en materia de responsabilidad para combatir la corrupción.

El dictamen incluye asesorar al Jefe de Gobierno y a los titulares de las dependencias, órganos y entidades en materia de gestión y políticas públicas y demás temas relacionados.

También el establecimiento de requisitos y condiciones para el otorgamiento de becas a quienes aspiren a convertirse en servidores públicos.

Además plantea recibir, organizar, clasificar y mantener en archivo y custodia la consulta y acceso a la memoria institucional de la Administración Pública.

“Debemos tener en cuenta que este dictamen es un esfuerzo legislativo para fortalecer y reconocer nuevas atribuciones a la escuela, armonizándola con la Constitución Política y con el sistema local anticorrupción”, afirmó Romero.

Dijo que actualmente la Escuela de Administración Pública es una institución sectorizada a la Contraloría General, la cual es la encargada de la formación y profesionalización de los servidores públicos de la administración pública local.

El líder del PAN lamentó que la capital del país atraviese por una etapa en la que las instituciones han sido afectadas por la corrupción, en mayor o menor medida por la falta de valores y compromiso en el servicio público.

Insistió en que una administración pública que no está suficientemente capacitada debilita al gobierno y, sobre todo, devalúa al sistema democrático, de ahí que la profesionalización no sólo es importante, sino necesaria.

Recordó que el 17 de julio pasado, el pleno, en ejercicio de sus facultades y atendiendo al mandato constitucional en materia de combate a la corrupción, aprobó el paquete de iniciativas y reformas que integran el Sistema Anticorrupción de la capital.

Sostuvo que esa es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

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