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De acuerdo con el documento enviado a la ombudsperson Nashieli Ramírez, las víctimas indirectas denunciaron tres omisiones, una de ellas fue que ni el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) ni la Secretaría de Protección Civil realizaron visita ni pidieron algún informe tras el sismo del 7 de septiembre, sólo un empleado del Tecnológico de Monterrey avaló la seguridad.
Por último, acusan el atraso de la práctica de diligencias por parte de la procuraduría local, pues aseguran que tras la denuncia que presentaron el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha no han sido ratificados.
En el documento, solicitan a la CDH local emitir medidas cautelares, entre las cuales están que no se permita la demolición de inmuebles a las autoridades del Tecnológico ni que no se autorice el inicio de clases sin garantía de seguridad.
