Ley de Seguridad Interior no está consumada: activistas

El colectivo #SeguridadSinGuerra afirmó que la ley todavía podría ser vetada por el Presidente y si eso no ocurre se podrán presentar diversos mecanismos para declarar inconstitucional esta ley
15/12/2017
14:35
Pedro Villa y Caña
-A +A

A unas horas de que el Congreso aprobara la Ley de Seguridad Interior, el colectivo #SeguridadSinGuerra afirmó que la entrada en vigor de esta ley todavía no está consumada debido a que el presidente Enrique Peña Nieto podría emplear su facultad de veto, “debido al rechazo unánime” que esta norma ha tenido, pero aseguraron que en caso que esto no ocurra, se podrán presentar diversos mecanismos para declarar inconstitucional esta ley.

En un comunicado, la organización que agrupa a organizaciones sociales, académicos y artistas, indicó que la queja de inconstitucional para detener la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Pública la podrían presentar los diputados de oposición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como los gobernadores y presidentes municipales quienes podrían interponer una controversia constitucional.

“La presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda analizar esta norma. La responsabilidad de la SCJN es ineludible pues como quedó de relieve en el debate en buena medida fue este tribunal, con sus fallos en la década de los noventa, el que abrió el camino a la militarización del país”, agregaron.

El colectivo #SeguridadSinGuerra afirmó que es fundamental que en el próximo proceso electoral las diversas plataformas contendientes se pronuncian explícitamente sobre sus posiciones frente a esta ley y sobre sus propuestas en materia de justicia y seguridad.

“En particular, para que el electorado ejerza con información su derecho a la participación, es indispensable que José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos presidenciales, se pronuncien claramente sobre si en caso de acceder a la Presidencia de la República derogarían la Ley de Seguridad Interior”, comentaron.

Señalaron que los legisladores que aprobaron esta ley desoyeron las voces que advirtieron los argumentos que presentaron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los relatores especiales de la ONU; rectores de las más reconocidas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW); especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; así como más de 250 mil 500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.

“Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo y, sin embargo, el Congreso de la Unión procedió con premura e indiferencia. Peor aún, no fueron pocos los legisladores que incurrieron en expresiones denostativas respecto de los mecanismos internacionales de derechos humanos, propias de las más rancias visiones autoritarias”, apuntaron.

Manifestaron que el diálogo al que instó el Presidente de la República, ante la CNDH y ante la sociedad no tuvo lugar, y afirmaron que las mesas que se desarrollaron en el Senado “fueron un mecanismo de simulación, y no un debate real sobre el contenido de la ley. Frente a una decisión de enorme trascendencia, se impuso la premura de llevar a su término una decisión ya tomada de antemano. Es falso que se hayan escuchado todas las voces y perspectivas”.

Afirmaron que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior abona a la restauración del autoritarismo en el país, por lo que, aseguraron, “es fundamental no claudicar en la defensa de nuestros derechos y demostrar, con propuestas sólidas como las que desde muchas instancias se han difundido, que una #seguridadsinguerra es posible”.

Mantente al día con el boletín de El Universal

 

COMENTARIOS