La adhesión, formulada oficialmente por líderes de la comunidad negra en la ciudad, se une así a la que han manifestado organizaciones de esta minoría en otras regiones del país. "Queremos que nuestros hermanos hispanos sepan que pueden contar con nosotros", dijo el asambleísta de la ciudad de Nueva York, Charles Barrón, en rueda de prensa.

Rodeado de dirigentes sindicales y de varios líderes de organismos civiles que defienden los derechos de los inmigrantes, Barrón apeló a la comunidad afroestadounidense a "hacer suyas las demandas" de los hispanos en muestra de solidaridad.

Además de Barrón, participaron en la muestra de respaldo líderes religiosos de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

El boicot al que convocaron decenas de organismos civiles busca enviar una señal del poderío de la comunidad hispana en todo el país, que reclama la legalización de más de 11 millones de indocumentados.

Sin embargo, algunos inmigrantes han pagado un precio por participar en las manifestaciones. Así, seis empleados de un restaurante de mariscos de Houston fueron despedidos esta semana, tras faltar a sus trabajos por participar en las marchas.

Por la misma razón, en Detroit, otros 21 extranjeros perdieron su trabajo en procesadoras de carne, el mes pasado. Y varios estudiantes en un liceo cercano a Tampa, Florida, fueron suspendidos.

Al otro lado del país, en Los Ángeles, una familia aseguró que Anthony Soltero, un joven de 14 años se suicidó el 30 de marzo, luego de ser amonestado en la escuela por tomar parte en las manifestaciones, lo cual fue negado por las autoridades escolares. El rumor se extendió y una coalición estudiantil anunció que en los próximos días dedicará una marcha a la memoria del joven.

La Asamblea Legislativa de Arizona turnó a la gobernadora demócrata Janet Napolitano, un proyecto de ley que equipara la presencia de los migrantes en la entidad con el delito de invasión a propiedad pública o privada. La iniciativa SB 1157, que castiga a migrantes hasta con cinco años de prisión, establece que los policías deberán tomar huellas digitales de indocumentados que detengan, y entregarlas al Departamento de Seguridad Pública de Arizona, para formar una base de datos.

Sin embargo, Napolitano parecería inclinarse a vetar la iniciativa, pues señaló que ha escuchado con atención que agencias policiales se oponen a aplicar del proyecto de ley.