Richardson está en pleno centro de una investigación judicial que trata de determinar cómo fue que una compañía que realizó contribuciones a sus actividades políticas logró un lucrativo contrato con el gobierno de Nuevo México.

“Déjenme decir claramente que tanto yo como mi administración hemos obrado debidamente y que esta investigación lo pondrá de manifiesto”, aseguró Richardson en un comunicado divulgado por el equipo de transición de Obama. Aun así, explicó que la investigación obligaría a un “insostenible retraso en el proceso de confirmación” de su designación, ya que podría prolongarse, afirmó, durante semanas o incluso meses.

Añadió que, dada la gravedad de la crisis económica en el país, considera inoportuno pedir al presidente electo que retrase “el importante trabajo que hay que hacer”.

Obama informó en una declaración que había aceptado el retiro de Richardson con “profundo pesar”, y lo describió como “un excelente funcionario público”.

El diario The Washington Post informó el mes pasado que un jurado de la ciudad de Albuquerque investiga si la compañía en cuestión obtuvo contratos del estado de Nuevo México por valor de más de 1.4 millones de dólares de forma irregular tras realizar contribuciones políticas a Richardson.