BUENOS AIRES.— La oposición boliviana respondió ayer a la invitación del gobierno a un diálogo, con la convocatoria a un nuevo referéndum. Una consulta para revocar el mandato del presidente Evo Morales, quien aceptó el desafío.

“Que sea el pueblo boliviano el que decida qué país quiere”, dijo el presidente en virtud de que la convocatoria, a llevarse a cabo dentro de los próximos 90 días, abarca también al mandato del vicepresidente, Alvaro Linera y de los nueve prefectos.

La medida fue aprobada ayer en el Senado por la mayoría opositora, dos horas después de que Morales convocara a los prefectos a la primera rueda de diálogo el próximo lunes “para buscar la forma de garantizar una autonomía con justicia social, con igualdad y con unidad”. De ahí que los analistas leyeran la ofensiva de la oposición como “una herramienta más de presión al presidente”.

La posibilidad de revocar el mandato había sido un proyecto impulsado por el propio jefe de Estado, quien en diciembre último, aprovechándose de la mayoría en la Cámara de Diputados, logró aprobarlo. En aquel momento las encuestas de popularidad le sonreían más que en la actualidad al gobierno. Sólo restaba la aprobación del Senado, donde la oposición tiene un voto más que el oficialismo y ayer, sorpresivamente, fue aprobado. Morales, que tiene la facultad de vetarlo o de ratificarlo, anunció que no rechazará el reto.

“Es una jugada maestra que busca presionar aún más al presidente. Evo no podía rechazarla. Sólo le queda llegar a consensos en la mesa de negociaciones para que el referéndum revocatorio se lleve a cabo en la mejor coyuntura posible”, explicó el analista Jorge Lazarte en declaraciones telefónicas a EL UNIVERSAL.

Al convocar al diálogo, Morales invitó también al cardenal primado, monseñor Julio Terrazas, a participar dos días después de que desde el gobierno se lo cuestionara por haber votado en el referéndum del domingo. Sin embargo, la oposición anunció que no habrá diálogo hasta el 22 de junio, cuando concluya la ronda de consultas populares para aprobar los Estatutos autonómicos de Beni, Pando y Tarija.

“Que el presidente se tranquilice y vaya pensando fórmulas para esas fechas”, propuso Ernesto Suárez, prefecto del nororiental departamento del Beni, quien anunció que no acudirá a la convocatoria presidencial.

Mientras el jefe de la bancada opositora en el Senado, Roger Pinto aclaró que “la ley es una alerta a las autoridades para buscar consensos”, el vocero oficial, Iván Canelas, admitió que el gobierno fue “sorprendido” porque esa ley la oposición “la tenía dormida en el Senado desde enero y aparece ahora cuando el país está necesitando congeniar la nueva constitución con las autonomías”.

Pero ayer fue el diálogo entre el gobierno y los departamentos proautonomistas el que concitó los mayores respaldos. Desde el secretario general de la Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hasta el embajador estadounidense en La Paz, Phillip Goldberg, quienes respaldaron la tarea de la Organización de Estados Americanos en Bolivia y la vía del diálogo para solucionar la crisis que sufre el país desde hace más de un año y que ahora toma nuevas derivaciones.